Recortar las pensiones futuras a finales de 2022 no es lo único que el Gobierno ha prometido a Bruselas a cambio del dinero europeo. Esta semana se ha publicado -con cierto retraso- el Operational arrangement, que es el pacto del Ejecutivo de Sánchez con la Comisión Europea para el desembolso de fondos del Plan de Recuperación. Y son muchas las medidas que han salido a la luz.
En un documento de más de 300 páginas suscrito por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas en "el cumplimiento" de lo que han bautizado como "52 hitos", que no son otra cosa que las medidas con las que intentar aportar algo de credibilidad a quien te va a prestar o regalar el dinero.
Del total de los 140.000 millones de euros que Bruselas le ha adjudicado a España, con la finalidad de contribuir a que el país se recupere de la crisis económica ocasionada por el coronavirus, un total de 70.000 millones llegarán en forma de transferencias a fondo perdido (el resto son créditos). Este viernes, el Gobierno ha solicitado formalmente a la Comisión Europea el desembolso del primer tramo de esas transferencias del fondo de recuperación: los primeros 10.000 millones de euros (hace unos meses otorgaron a España un anticipo de 9.000 millones).
Eso sí, si el Gobierno no cumple lo acordado, Bruselas cerrará el grifo de esta lluvia de millones.
Tromba de impuestos
Además de lo referente a la jubilación, otra de las promesas del Gobierno que más va a afectar a la ciudadanía española es la tromba de nuevos impuestos que Hacienda piensa empezar a asestar a los contribuyentes en el primer trimestre de 2023.
Tal y como publicó Libre Mercado el pasado mes de mayo, el primer plan enviado a Bruselas llevaba implícitas más subidas fiscales de lo que aparentaba. Sucesiones, Patrimonio, trasvase de productos al IVA general... el Gobierno había escondido en un documento enviado a Bruselas más subidas fiscales de las que pretendía informar. Y ahora, vuelve a corroborarlas y a ponerles fecha.
Dentro del punto "Establecimiento de un comité de expertos para la reforma tributaria", el Gobierno suscribe con Bruselas el "hito" de seguir "las recomendaciones del Comité de expertos" de María Jesús Montero que está analizando "los diferentes elementos de la sistema fiscal español, con el fin de acercar la variable ingresos públicos/PIB de España a la media de la UE".
Actualmente, de la media europea de presión fiscal nos separan seis puntos sobre el PIB, por lo que esos seis puntos equivalían a una subida de 64.582 millones de euros, aunque en el documento España 2050 de Sánchez, el Gobierno se ponía como objetivo 8 puntos, por lo que estaríamos hablando de una subida fiscal que podría superar los 80.000 millones de euros. Bien es cierto que el texto dice que España se acercará a esa media.
Ataque a Madrid
Como se observa en la siguiente tabla extraída del Operational arrangement, además de centrarse en la "Fiscalidad Ambiental" o en la "Fiscalidad Corporativa", el Ejecutivo avanza que llevará a cabo la "Armonización del Impuesto de Patrimonio" en España. Si esto se materializa, Madrid será la más perjudicada por la medida, ya que es la única región española que tiene bonificado al 100% este impuesto.
Además, Patrimonio no es el único impuesto que está analizando el comité de expertos de Hacienda. Tal y como confirmó la propia María Jesús Montero, "el encargo del Gobierno" a los expertos "es una revisión global del sistema fiscal, pero con especial atención a las figuras que tienen un menor rendimiento, como el impuesto de Sociedades", así como "las vinculadas a la imposición a la riqueza —Patrimonio, Sucesiones y Donaciones— ya que hay una situación asimétrica en el territorio porque alguna comunidad autónoma prácticamente ha dejado sin contenido estas figuras". Otro mensaje a los impuestos madrileños, que también tiene prácticamente desparecido Sucesiones.
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, lo tiene claro. "Lo que el Gobierno de España está diciendo en ese documento es que piensa llevar a cabo un auténtico hachazo fiscal a las empresas y a los trabajadores de 80.000 millones de euros con la falsa excusa de acercarse al nivel de tributación europeo. Lo que hay detrás de ello es una manera de justificar su festival del gasto a costa del bolsillo de los españoles", declara a Libre Mercado.
"Además, cita la mal llamada armonización, que no es más que un eufemismo para no decir claramente que va a obligar a la Comunidad de Madrid a que suba sus impuestos. No es casual que el Gobierno de España oculte a la Comisión Europea cómo piensa acometer la reforma fiscal, porque para poder llevarla a cabo, tendría que dinamitar la capacidad fiscal de las CCAA, y eso es algo que la Comisión Europa no aprobaría. Si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere obligarnos a subir impuestos saltándose la autonomía fiscal de las CCAA amparada por la ley, iremos donde haga falta para impedirlo", añade el consejero regional.
¿Y el IVA?
Además de las anteriores subidas de impuestos mencionadas y de otras muchas (como el impuesto a los plásticos, la Tasa Google etc)), el Gobierno también promete "la entrada en vigor de las reformas regulatorias necesarias para modificar o abolir 15 beneficios fiscales elegidos siguiendo la metodología AIReF" con el objetivo de "hacer el sistema tributario más eficaz y aumentando los ingresos". Aunque no concretan qué beneficios fiscales son los que pretenden "revisar" (o eliminar), el informe de la AIReF al que hacen referencia sugería el trasvase de productos de los tipos reducidos del IVA al general del 21%, entre otras medidas, lo que supondría de facto una subida del IVA.
A pesar de lo extenso del documento enviado a Bruselas, el texto está cargado de inconcreciones, que le darán al Gobierno más margen de maniobra para ejecutar unas medidas u otras dependiendo de sus intereses. Eso sí, los compromisos están escritos, como el de recaudar más. Y las fechas para llevarlos a cabo, también.
