Era un secreto a voces, que no ha hecho más que confirmarse. El Gobierno social-comunista ha prometido a Bruselas que recortará las pensiones a cambio del dinero europeo. Lo hará por la puerta de atrás, con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, como brazo ejecutor. A sabiendas de que la farsa no tardaría en descubrirse, este profesional del cinismo y la mentira no ha dudado en negar la mayor hasta la saciedad. "La duda ofende, no vamos a recortar en ningún caso las pensiones", decía hace solo unos meses, sin vergüenza.
Mientras Escrivá fingía y engañaba a cualquiera que le preguntaba, el Ejecutivo de Sánchez pactaba con la Comisión Europea unas condiciones para el desembolso de los fondos del Plan de Recuperación que incluían un nuevo rejonazo a las pensiones. Para que el Gobierno pueda hacerse con los primeros 10.000 millones de euros del Plan, España debe cumplir una larga lista de objetivos entre los que se encuentra "aprobar legislación para ajustar el periodo de cálculo de las pensiones alargando el periodo de cálculo de la pensión de jubilación". Si para finales de 2022 no se pone en marcha esta medida, Bruselas le cortará a España el grifo de los 70.000 millones de euros a fondo perdido. Y eso es lo último que querría Sánchez y su codiciosa banda.
En el documento de más de 300 páginas suscrito por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se especifica cuántos años más tendrá que extender España el cálculo de las pensiones, aunque el foco está puesto en los 35 años. Actualmente, para calcular las prestaciones se utilizan los últimos 25 años cotizados de la vida laboral, lo que implica que cualquier aumento de esta cifra supondrá una merma en las pensiones de los futuros jubilados. La explicación es pura aritmética: como en los primeros años de la carrera profesional el empleado tiene un menos salario, la media de la prestación disminuye.
Escrivá es perfecto conocedor de esta trampa. Es más, el aumento del periodo de cálculo de las pensiones forma parte de su miserable plan para hacer pasar estos recortes por "reformas". Así, mientras el mendaz ministro riega a los actuales jubilados con medidas tan demagógicas y costosas como ligar las pensiones al IPC, por otro lado pretende alargar la edad de jubilación de los que llegan, asestar un importante golpe a las prejubilaciones –castigando a los trabajadores que intenten retirarse antes de tiempo– o disparar un 0,6% las cotizaciones sociales a empresarios y trabajadores –futuros jubilados– con la excusa de poder costear la entrada masiva en el sistema de los nacidos en el baby boom.
Eso sí, a pesar de sus burdos intentos por evitar la quiebra definitiva de la Seguridad Social, estas medidas apenas servirán para cubrir una mínima parte del descuadre real entre los ingresos y los gastos del sistema, que actualmente ronda los 40.000 millones de euros. Y subiendo. Porque el número de jubilados no va a dejar de aumentar debido al crecimiento de la esperanza de vida en un país que tiene una bajísima tasa de natalidad. Así, esta invertida pirámide poblacional tiene cada vez menos cotizantes y cada vez va sumando más beneficiarios de pensiones, lo que hace insostenible al sistema público de reparto.
Para mantener esta farsa electoralista, el Gobierno tendrá que seguir elevando los impuestos a la clase trabajadora y recortando puntualmente prestaciones si quiere sufragar año a año unas rentas cada vez mayores para un número de pensionistas cada vez más elevado. La otra opción será dejar a un lado la hipocresía y decir la verdad: o el sistema de pensiones se reforma integralmente y se introduce el ahorro privado en la ecuación o la única forma de mantenerlo es metiendo la tijera.