Conseguir el dinero europeo no va a ser tan fácil como el Gobierno quiere intentar vender. En la tarde de este miércoles -al fin- se ha publicado el Operational arrangement, que no es otra cosa que el pacto del Ejecutivo de Sánchez con la Comisión Europea para el desembolso de fondos del Plan de Recuperación.
En un documento de más de 300 páginas suscrito por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Bruselas señala que, a finales de 2022, España debe llevar a cabo "la entrada en vigor del ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación". Si no se pone en marcha esta medida, España no recibirá los primeros 10.000 millones de euros del programa vinculados a la consecución de una larga lista de objetivos y de los que Sánchez presumía hoy también.
Actualmente, para calcular las pensiones se utilizan los últimos 25 años cotizados de la vida laboral del trabajador. El texto sellado por la Comisión Europea no especifica cuántos años más los va a extender España, pero el foco está en los 35 años.
Y es que, a principios de 2021 se filtró un documento que supuestamente estaba preparando el Ejecutivo socialista para subir a 35 años el plazo de cotización para calcular la pensión. Su filtración enfadó sobremanera al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que negó la mayor.
Elevar a 35 años la fórmula supondría un duro recorte a los jubilados españoles porque en los primeros años de la carrera profesional lo normal es ganar menos salario, por lo que esto sólo es una medida para bajar la media de las pensiones. Es más, cualquier aumento del tiempo de cálculo de las pensiones supondría una merma en la mayoría de los futuros jubilados. El cálculo de las pensiones a 35 años es una medida que "ni ha existido ni va a existir", espetaba Escrivá hace unos meses. Quizá no dijo toda la verdad...
Es llamativo que el Gobierno de Sánchez esté pactando por la puerta de atrás otro rejonazo a las pensiones, mientras aplica medidas tan electoralistas como la revalorización de las pensiones con el IPC y se jacta de proteger al pensionista. La Comisión Europea ya ha advertido de que vincular de manera permanente las pensiones a la evolución del IPC compromete la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, al tiempo que ha avisado de que estas medidas favorecerían, sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales en detrimento de las nuevas generaciones.
No es el único recorte
El de hoy no es el único recorte a las pensiones que ha planteado Escrivá. A mediados de mes, el ministro reconoció que recortará las pensiones de los baby boomers ya sea "con un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado", o trabajando "un poco más". Además, Escrivá también pretende penalizar las prejubilaciones.
Y con la excusa de poner costear las jubilaciones de la entrada masiva en el sistema de los nacidos entre 1950 y 1975, también pretende elevar ahora las cotizaciones sociales un 0,6%. El plan de Escrivá es que, de ese alza del 0,6%, un 0,4% lo sufrague el empresario y el 0,2% restante, el empleado.
La excusa para asestar este golpe a las cotizaciones sociales es la de recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, popularmente conocido como hucha de las pensiones, para que no le estalle en las manos un sistema quasi quebrado.