El lehendakari del gobierno vasco ha acusado a la Comunidad de Madrid de practicar "dumping fiscal". En un desayuno informativo, y tras ser preguntado por la nueva rebaja de impuestos que anunció Isabel Díaz Ayuso, Íñigo Urkullu denunció que el "modelo madrileño" pasa por convertir dicho territorio en un "paraíso fiscal". Además, criticó que la apuesta por reducir los impuestos "disminuye la recaudación, lo cual conlleva una menor capacidad de gasto para determinadas políticas, en concreto las sociales".
Detrás de este nuevo ataque contra la política liberal de Madrid se esconden diversas falacias que vale la pena recalcar. Como ya ha explicado Libre Mercado, las rebajas de impuestos aprobadas por Ayuso van de la mano de un récord histórico de recaudación, puesto que se está propiciando un "efecto Laffer" mediante el cual la subida de la actividad económica favorecida por unos impuestos más moderados termina dejando más dinero en la caja autonómica.
Dirijámonos ahora a la acusación de "dumping fiscal" que hace Urkullu. Madrid tiene las mismas competencias que las demás comunidades autónomas de régimen común, de modo que no tiene sentido denunciar cualquier tipo de "deslealtad" cuando el resto de territorios tiene igualmente la posibilidad de bajar los impuestos. Tampoco tiene sentido invocar la falacia del "efecto capitalidad", sobradamente refutada por los datos oficiales, que demuestran que el peso del Estado es la economía de Madrid es inferior al resto de regiones.
Hablemos del "cupo" vasco
Dicho esto, no se puede ignorar que ha sido precisamente el presidente del gobierno vasco el que ha lanzado este ataque, de modo que cabe preguntarse qué ocurre con el modelo fiscal de su territorio. La Constitución Española consagró en su día un concierto de financiación diferenciado para el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, de modo que no hay nada que objetar al respecto. Cosa distinta es la manera en que se calcula el "cupo", que determina cómo se ajusta ese concierto de financiación.
En este sentido, el mayor experto de España en balanzas fiscales, Ángel de la Fuente, publicó en 2017 un demoledor informe en el que se analiza cómo se calcula el "cupo" vasco. La cifra de partida son los 1.300 millones de euros que el gobierno vasco abona al Gobierno central cada año, en concepto por los servicios que presta la Administración General del Estado en la región.
Según el estudio de Ángel de la Fuente, que fue publicado por Fedea, el "cupo" se determina partiendo de tres criterios: el coste de los servicios que presta el gobierno central en el País Vasco, el déficit público observado en las cuentas del Estado y la parte del IVA correspondiente al consumo realizado en la región. De la Fuente considera que
1) El monto asociado a la prestación de servicios por parte del Estado suele infravalorarse.
2) La imputación del déficit público se hace en base al descuadre coyuntural, en vez de tomar en cuenta el de tipo estructural (déficit primario).
3) La forma de calcular el IVA ajustado se basa en valores desfasados que inflan el peso del País Vasco en el consumo nacional y, por tanto, en la recaudación del impuesto.
¿Qué supone todo esto en la práctica? Como explica Ángel de la Fuente, el "cupo" que ha venido pagando el gobierno vasco desde 2017 está infravalorado en unos 250 millones de euros. Esto significa que el importe abonado cada año "es fruto directo de un pacto político que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto, ajustando las valoraciones de la manera que sea necesaria para llegar a la cantidad final pactada".
Esos 250 millones de euros de ahorro aminoran en un 20% las transferencias del País Vasco al gobierno central, de modo que el cálculo político del "cupo" ha deformado el sistema de financiación hasta convertirlo en un modelo absurdo que, en la práctica, permite que el País Vasco se financie a costa de los contribuyentes de autonomías de régimen común, incluida Madrid, que de hecho es la comunidad que más aporta a la caja común.