Apenas un 0,5% de cotización extra. Y, además, "temporal", durante sólo una década. Esta subida (subidita), que parece un pequeño esfuerzo para el trabajador actual, servirá para rellenar la hucha de las pensiones. ¿Quién puede oponerse? Habría que ser muy egoísta o muy malvado para dejar a la intemperie a los jubilados del mañana por un incremento de las cotizaciones de apenas medio punto. Que, además, puede acabar en el saco de los empresarios, porque quizás se meta en ese concepto, en el que casi no nos fijamos, denominado "cotización social a cargo del empleador".
Esta semana, el debate sobre el futuro de la reforma de las pensiones traía novedades. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentaba a los agentes sociales una solución de la que hasta ahora apenas se había hablado: para sustituir al Factor de Sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013, el expresidente de la AIReF se ha sacado de la manga un nuevo impuesto, una cotización social extra del 0,5% que estaría vigente durante la próxima década y que serviría para rellenar la hucha de las pensiones.
Como explicábamos este sábado en Libre Mercado, las cuentas no salen, ni del derecho ni del revés. Este nuevo impuesto recaudará, como mucho, entre 2.200-2.400 millones más al año. Enfrente, el déficit real en concepto de pensiones para el conjunto del Estado está más bien en los 40.000 millones de euros: y eso sin contar gastos de funcionamiento de la Seguridad Social ni prestaciones sociales al margen de las de jubilación-invalidez. O, lo que es lo mismo, con la nueva cotización apenas se cubre un 5% del agujero real anual ligado a la jubilación-invalidez en España.
¿Y entonces? ¿A qué tanto revuelo? Puede haber dos explicaciones. La primera tiene una raíz puramente propagandística. El Gobierno quiere vender que hace algo y rellenar el Fondo de Reserva apunta al largo plazo, a preocuparse por la sostenibilidad del sistema a futuro, a consolidar las cuentas. Lo han hecho todos los Gobiernos con todas las reformas de las pensiones, así que tampoco extraña que lo haga éste.
Pero hay otra posible razón: esto es sólo el principio.
No nos tenemos que ir muy lejos para descubrir un modelo muy parecido al que ahora da sus primeros pasos en España. En Francia, a comienzos de los 90, el Gobierno se dio cuenta de que no tenía suficiente con las cotizaciones sociales vigentes en aquel momento para pagar las pensiones, la sanidad y las demás prestaciones a las familias. Porque, además, en el país galo, como en Alemania o en Italia, nos llevan 10-15 años de adelanto demográfico. Allí, el baby-boom, que en España tuvo su etapa más intensa entre 1965 y 1975, había comenzado a principios de los 50.
¿Y qué hicieron los políticos franceses? Crear un impuesto. Con un nombre muy bonito, eso sí: Contribución Social Generalizada (CSG). Todos iban a pagarlo, incluso los pensionistas y parados lo abonan (con tipos reducidos, claro, que para eso es "social"). Hablamos de 1991 y no había motivos para alarmar al trabajador. Sólo se le pedía un pequeño esfuerzo. Apenas nada, comparado con el objetivo final: sostener el sistema de pensiones y el sistema público de salud, y mantener los subsidios a las familias en dificultades. De esta manera, se fijó un tipo del 1,1% que gravaba las rentas del trabajo y del capital. ¿Quién iba a oponerse a pagar un 1,1% para los más necesitados?
Como en el cuento de Monterroso, treinta años después, la CSG sigue ahí. Lo que no sigue ahí es el 1,1%. Este año, el tipo que pagarán los trabajadores franceses será del 9,2%. Y se le unió poco después otro impuesto con un nombre también muy solidario: Contribución al pago de la deuda social (CRDS según sus siglas en francés), con un tipo del 0,5%. En total, un 9,7% en contribuciones extra para sostener el Estado social francés.
Esta subida no se produjo de un solo golpe, por supuesto: se ha llevado a cabo poco a poco durante estas tres décadas. Primero lo llevaron al 2,4%; luego crearon el CRDS; cuando no llegaba ni con estos incrementos, se subió al 3,4%; estuvo muchos años en el 7,5% y en 2018 se modificó para situarlo en el actual 9,2%.
Una vez Emmanuel Macron llegó a la Presidencia del país, el terreno de juego cambió: su intención era aprobar una reforma de las pensiones que pusiera orden en el caótico sistema de Seguridad Social galo y redujese los beneficios, sobre todo en lo que tiene que ver con la edad de jubilación. Aunque no quedaba del todo claro el papel para la CSG y el CRDS, que en teoría sirven para financiar la salud y otros subsidios, lo normal era pensar que no se tocarían. Hablamos de finales de 2019 y la reforma fue una de las iniciativas más controvertidas de Macron, con una huelga general que duró semanas y el país dividido (lo que, como explicamos en su momento, podía aportar muchas enseñanzas para España). Entonces llegó el Covid y todos ellos, los políticos reformistas y los manifestantes, cambiaron sus prioridades. Ahora parece que el presidente francés quiere recuperar la reforma para darse un impulso de cara a las elecciones del próximo año.
En cualquier caso, pase lo que pase con los planes de Macron, lo que ahora tenemos es que, treinta años después de aprobado aquel 1,1% en concepto de CSG, un trabajador francés paga, ¡al margen de su cotización contributivas! casi un 10% de su salario bruto en dos impuestos finalistas destinados en teoría a pagar las pensiones y otros subsidios.
Los tipos y las rentas gravadas por la CSG y la CRDS pueden verse en la página oficial del Ministerio de Economía francés e incluyen a los receptores de pensiones públicas o de prestaciones por desempleo (aunque con una tasa más baja que la que se aplica a los trabajadores). También las rentas patrimoniales y de capital pagan: y es que prácticamente todas las rentas generadas en Francia abonan este impuesto extra, al que se suman el resto de cotizaciones (si alguien quiere ir más allá y adentrarse en el caótico mundo de las cotizaciones sociales en el país vecino, aquí tiene un pequeño resumen en español).
¿El resultado? Francia es el país en el que la brecha fiscal al trabajo es más grande. Esto quiere decir que en ningún otro lugar hay tanta diferencia entre lo que la empresa abona como coste por su empleado y lo que le llega a éste último a la cuenta bancaria. Estas son las cuentas que hacíamos en Libre Mercado en 2019, cuando Macron planteó su reforma:
- El coste bruto total del trabajador medio francés es de 55.158 euros al año (4.597 euros al mes)
- Su empleador paga, en concepto de cotizaciones sociales a cargo de la empresa 16.576 euros
- Las cotizaciones sociales a cargo del empleado ascienden a 9.161 euros
- Y en el impuesto sobre la renta paga 2.715 euros más
- A la cuenta del banco, le llegan 26.706 euros al año (2.250 al mes)
- La diferencia entre el neto percibido por el empleado y el bruto abonado por la empresa es superior al 50%. A esto hay que sumarle, por supuesto, el resto de impuestos: IVA, medioambientales, patrimonio… Y no hablamos de un millonario. Recordemos que es el sueldo medio de la economía francesa.
¿Ocurrirá lo mismo en España? No lo sabemos. La respuesta, en 30 años. Lo que sí sabemos es que la cotización extra que plantea el ministro Escrivá no servirá para lo que dicen que servirá: apenas supone una mínima fracción del agujero presupuestario ligado a las pensiones. Recordemos las cifras que dábamos este sábado: algo más de 2.000 millones de recaudación frente a más de 40.000 millones de déficit contando sólo pensiones y prestaciones para la jubilación; un déficit que, además, crece año a año. ¿Será este 0,5% el comienzo de una subida a pequeños pasitos? Como lo de cocer una rana con agua tibia y subiendo la temperatura del agua muy poco a poco...
Si le preguntamos al Gobierno nos dirá que no. Cómo vamos a imaginar siquiera que esto tiene una doble intención. Es el 0,5% durante una década y punto. Plantearlo de otra manera sería como pensar que nuestros políticos nos engañan, que usan un lenguaje doble o que intentan que no nos demos cuenta de sus verdaderas intenciones. Y quién va a pensar algo así...