José Ramón Ferrandis, técnico comercial del Estado y director del Centro Diego de Covarrubias, es experto en desarrollo económico. Ha publicado los libros Globalización y generación de riqueza y África es así, ambos en Unión Editorial. Libre Mercado se ha entrevistado con él para comentar las decisiones acordadas durante los últimos días en foros multilaterales como la reunión del G-20, que tuvo lugar Roma, o la cumbre COP-26, que se está celebrando Glasgow.
En la cumbre del G-20, el FMI puso encima de la mesa nuevos derechos especiales de giro valorados en 750.000 millones. Esta es una cuestión muy técnica, pero relevante. ¿Cómo explicamos su alcance?
Por decirlo de forma sencilla, los derechos especiales de giro son la moneda del Fondo Monetario Internacional. Cada derecho equivale a 0,7 dólares, aproximadamente. En total, la cifra anunciada asciende a 750.000 millones de dólares. Por lo general, estos derechos pueden utilizarse como reservas, para financiar operaciones, etc. Pues bien, los 750.000 millones de dólares movilizados a instancias del G-20 superan holgadamente las cantidades comprometidas en rondas anteriores. Y esto sucede precisamente ahora que los bancos centrales procuran reducir la liquidez disponible para frenar la inflación. De modo que el FMI actúa en sentido contrario y, en la práctica, contribuye a aumentar la capacidad de maniobra de los gobiernos, inyectando más dinero en el sistema y facilitando su endeudamiento.
Hay que poner las cosas en contexto. Tras el estallido de la Gran Recesión, con la crisis financiera de 2007-2008, la política monetaria inundó el sistema financiero y los mercados de deuda con más y más liquidez. Todos recordamos a Mario Draghi diciendo que haría "todo lo que sea necesario" para mantener en pie la Eurozona. Pues bien, con esa decisión se salvó el sistema, pero luego no hubo reformas, no hubo cambios, no se tomaron medidas que permitiesen rectificar lo que solo podía justificarse temporalmente, en una situación extraordinaria. ¿Y por qué no se han replegado velas? Porque si se retiraban esas ayudas y se normalizaban los tipos de interés, entonces los gobiernos tendrían que enfrentar, al fin, las consecuencias derivadas de un endeudamiento tan abultado. Y el FMI, con esta decisión, se instala en el club de los organismos que ceban esa burbuja, en vez de pincharla.
Parte importante de la inyección de liquidez que anuncia el FMI está pensada para transferir más recursos a los países pobres. Vd. se ha mostrado muy crítico con la "ayuda al desarrollo", porque considera que no solo no es útil, sino contraproducente.
Llevamos más de medio siglo transfiriendo literalmente billones (sí, billones con b) de dólares desde los países ricos a los pobres. Los resultados son claros: esas operaciones son inútiles, no ayudan a que las economías beneficiarias salgan adelante, solo sirven para enjuagar los problemas financieros de gobiernos que, en su gran mayoría, no se muestran dispuestos a introducir reformas de mercado que reduzcan su poder pero propicien un mayor crecimiento. Hasta la ONU se ha posicionado más o menos en contra de la "ayuda al desarrollo", ¡les ha costado sesenta y cinco años darse cuenta!, pero ya han empezado a asumirlo.
Hablemos de la cumbre climática COP-26. ¿También debemos recelar de este cónclave internacional?
En la COP-26 se reúnen las partes componentes de un sistema que pretende influir en la política económica de los distintos países a base de informes llenos de falsedades y de aseveraciones muy discutibles. Nos dicen que, si se da cierto aumento de la temperatura media a nivel global, se van a desencadenar todo tipo de escenarios apocalípticos en clave medioambiental. Se trata de un fraude planetario.
En cambio, a menudo se suele insistir en que existe cierto consenso científico en torno a estas tesis.
Todos los gráficos y estadísticas denotan que una cosa son las variaciones de temperatura y otra distinta los cambios de los niveles de CO2 en la atmósfera, de modo que, si no hay causa-efecto, se les cae todo el chiringuito.
Recientemente entrevisté a Bjorn Lomborg, que sí considera factible la hipótesis del calentamiento, pero considera que el problema no es tan grave como se nos dice y que las soluciones propuestas son equivocadas. ¿Qué opina Vd.?
Un elemento esencial del crecimiento es la energía. Preferiblemente debe ser limpia y barata. Pues bien, en España ya nos hemos olvidado de lo segundo y, mientras insistimos mucho en lo primero, la factura de la luz alcanza precios estratosféricos. Ese encarecimiento se explica por decisiones políticas, como el abandono del carbón y la nuclear, las subvenciones a las renovables, los impuestos, etc.
Más allá del debate específicamente referido al clima, en la cumbre COP-26 se toman acuerdos que tienen una incidencia directa en la economía.
Los europeos somos los únicos pardillos que nos imponemos restricciones económicas que nos empobrecen de forma drástica. Mientras, los países más contaminantes como China o India se salen con la suya. Nos comprometemos porque queremos, porque estos acuerdos son voluntarios. De hecho, Estados Unidos se retiró de estos pactos bajo gobierno de Donald Trump y, en mi opinión, acertó.
El problema es que, cada vez que firmamos estos compromisos, nos atamos a ideas anti-económicas impulsadas en el 99% de los casos desde postulados intervencionistas propios de la izquierda. Hemos tirado el socialismo por la puerta, pero está entrando de vuelta por la ventana, en forma de políticas "contra el cambio climático" que, en realidad, lo único que propugnan es más intervencionismo en los mercados y en nuestra vida.
Si toda Europa lo está haciendo mal, España lo está haciendo aún peor. Rehusamos explorar la posibilidad de generar energía a través del fracking. Nos negamos a explorar posibles yacimientos petroleros en altamar. Cerramos las plantas de carbón y las centrales nucleares. ¿Qué nos queda? Importar energía cada vez más cara, por ejemplo gas ruso. Es un gran absurdo.
¿Hay una "guerra al coche" en medio de todo esto?
Desde luego. Eso debería preocuparnos en un país en el que dicha industria tiene tanto peso. Sin embargo, estamos librando una "guerra al coche" sin cuartel alguno. Un tercio del precio de los automóviles son impuestos de distinto tipo. El debate sobre los peajes en autovías apunta a nuevos gravámenes. Y en las ciudades tenemos experimentos como Madrid Central, introducido por Manuela Carmena y mantenido por el actual alcalde Martínez Almeida, que es un ejemplo más de cómo se limita la libertad en base a políticas empobrecedoras que, además, complican más aún la vida de los ciudadanos.