La semana pasada hablábamos del problema que supone el déficit estructural, construido sobre un gasto desmedido, que se ha ido consolidando en el tiempo. Sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en todas las administraciones públicas, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad.
Como vengo diciendo, el endeudamiento se ve con naturalidad, como si fuese lo más normal del mundo. Una cosa es que se haya vuelto permanente el recurso al endeudamiento y otra muy distinta es que eso deba convertirse en una práctica normal.
Esa asunción de dicha supuesta normalidad se recoge, mes tras mes, en las estadísticas de endeudamiento de las Administraciones Públicas (AAPP) que publica el Banco de España. Mes tras mes las recogemos aquí y, mes tras mes, comprobamos que dicho ingrediente negativo no para de crecer, con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone.
Este mes, el Banco de España ha publicado la actualización de la deuda de las AAPP correspondiente al pasado mes de agosto. La deuda vuelve a incrementarse, esta vez en 2.488 millones de euros, con una tendencia preocupante.
La deuda supera ya con creces los 1,4 billones de euros, que supone el 117,17% del PIB español sobre la estimación de crecimiento de PIB nominal del Gobierno a partir del dato de cierre de 2020, publicado por el INE. Aunque es obvio que en cuanto se inicie la recuperación el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitigará el cociente, como vemos al utilizar el dato de previsión del año (1,209 billones de euros), si empleamos la suma de PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la deuda se sitúa en el 121,92%.
Si tomamos la deuda de final de 2020 (1,345 billones) y le sumamos el crecimiento del PIB que prevé como déficit el cuadro macroeconómico del Gobierno, la previsión de deuda absoluta para el cierre de 2021 es de 1,447 billones de euros, equivalente a un 119,69% del PIB.
Lo decimos mes tras mes e insistíamos el mes pasado: parece haberse instalado en España la sensación de que el gasto no es un problema, sino que este se soluciona con impuestos y si la recaudación de estos no basta, se cubre con deuda. Los gestores políticos no se paran a pensar que la subida de impuestos genera distorsiones en la economía —y, además, cuando los suben lo hacen en los impuestos directos, que son los que más perjudican a la actividad económica y al empleo, cuando, aunque lo preferible es no tener que subir ningún impuesto, de tener que incrementar alguno, lo neutral desde el punto de vista económico sería bajar mucho los directos y las cotizaciones y elevar indirectos—. Tampoco quieren caer en la cuenta de que el endeudamiento tiene un límite, que estamos sobrepasando ya de manera muy importante, por mucho paraguas que tengamos de la eurozona. Nada los frena, pues solo quieren prometer, en todos los ámbitos, más y más medidas que no nos podemos permitir por la sencilla razón de que el gasto que suponen no lo podemos pagar. Es repetitivo sobre lo afirmado cada mes, pero es necesario hacerlo, porque el Gobierno parece no querer darse cuenta o piensa que todo lo resolverá la Unión Europea.
También, cada vez más, la disciplina se está perdiendo en la UE: varios de los diferentes países de la Unión, por ejemplo, no han terminado nunca de alcanzar el equilibrio presupuestario y es habitual que los distintos gobiernos traten de renegociar sus objetivos de déficit y deuda, para que la Comisión Europea les conceda un mayor margen, flexibilizando, así, su cumplimiento. Ahora, la propia Comisión pone sobre la mesa la posibilidad de relajar las normas de estabilidad cuando se retorne a ellas, ya que ahora mismo están suspendidas.
Todo esto sucede con la mayor naturalidad, sin que el grueso de los ciudadanos se escandalice por ello. Es más, ven el déficit y la deuda como algo normal. Muchos, afortunadamente, están en contra de que les suban los impuestos, pero, sin embargo, cuando llegamos al terreno del endeudamiento público no encontramos un rechazo tan claro, cuando supone también un problema de unas dimensiones muy importantes.
Como ya hemos dicho en anteriores artículos, tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es muy notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China, y porque ahora ha abandonado por completo a la economía a su suerte, pues su política económica es inexistente, salvo la del gasto desmedido. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.
Como hemos venido recordando mes tras mes, con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.
Todo ello nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 262.079 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de treinta y nueve meses de mandato el incremento es de más de 260.000 millones de euros.
Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los tres años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 5.523 euros, casi siete veces el incremento del primer año.
O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras tres años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 220,61 millones de euros cada día.
De esa manera, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto, una caída de la recaudación y un descenso notable del PIB, en un entorno económico complicado, de elevada inflación, fuertes costes energéticos —que están propagando ese incremento de precios por toda la cadena de valor—, marco macroeconómico irreal y expectativas endebles.
Urge un ajuste importante que sitúe a nuestra economía en el nivel de gasto que se puede permitir. Es imprescindible acometer reformas que nos permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía y que éste sea sostenible, no sostenido artificialmente. O se logra hacer eso o el drama será mucho peor cuando se vea que no se puede afrontar tanto gasto, porque entonces el recorte habrá de ser mucho más intenso. No nos cansaremos de repetirlo mes tras mes, aunque con ningún éxito, como los datos muestran un mes más, pues el Gobierno incrementa el gasto a largo plazo, consolida el déficit estructural y aumenta la deuda de manera irresponsable.
Hay que acabar con la normalidad en la que se ha convertido gastar más de lo que se tiene y endeudarse, y hay que hacer lo contrario: tener superávit y amortizar deuda. Es uno de los mejores servicios que se le puede hacer a la economía.