Los líderes de los países integrados en el G-20 se reunieron el pasado fin de semana en Roma. El encuentro fue el primer cónclave celebrado por dicho foro en dos años y giró en torno a tres grandes asuntos: el cambio climático, la adopción de impuestos de alcance global y la concesión de más subsidios a los países pobres.
En clave fiscal, la cumbre consolidó de esta forma el trabajo que vienen desarrollando otros organismos, como el G-7, la Unión Europea o la OCDE, y confirma el paso a un sistema en el que la gran mayoría de los países asumirán un nuevo impuesto mínimo del 15% que será aplicado a las empresas multinacionales.
El objetivo declarado del G-20 es el de "construir un sistema tributario más estable y justo a nivel mundial". Aunque inicialmente se avanzó que algunos países como Estonia, Irlanda o Hungría se plantarían ante esta propuesta armonizadora, lo cierto es que la presión ha surtido efecto y el Tigre Celta ya ha renunciado a su icónico tipo del 12,5%, que pasará ahora al 15% para evitar más enfrentamientos con las grandes potencias.
Las empresas más golpeadas por este compromiso son las grandes firmas tecnológicas estadounidenses, caso de Amazon, Apple, Google o Facebook. El año 2022 será de transición, de modo que el nuevo sistema debería estar listo a partir del ejercicio 2023. Sin embargo, hay razones de peso para pensar que, a la hora de la verdad, muchos países introducirán deducciones o exenciones que limitarán la incidencia efectiva del nuevo sistema.
También se habló de cambio climático, en plena cumbre COP-26 que está teniendo lugar en Glasgow. Los líderes del G-20 se han reafirmado en la meta de "tomar acciones decisivas y efectivas que garanticen que el aumento de las temperaturas a nivel global se modera por debajo de 1,5 grados centígrados". Se trata de mantener en pie el Acuerdo de París de 2015.
En las semanas previas a la reunión de Roma, el ecologismo de corte socialista insistió en introducir también un compromiso "cero emisiones" que, en la práctica, supone llegar a 2050 con el mismo nivel de emisiones de CO2 que hace ahora quince años. Esto tendría un coste aproximado de 9.700 euros por persona y hundiría el PIB un 12%.
Aunque no se ha llegado tan lejos, es posible que la reunión COP-26 se salde con la adhesión de la UE-27 a tales compromisos. No hay que olvidar que, como ya explicó Libre Mercado en 2017, el Acuerdo de París tiene el potencial de reducir en 600.000 millones de euros el PIB europeo, a cambio de un impacto casi nulo sobre las temperaturas globales, que siguen presionadas al alza por la contribución de China, que de hecho se ha ausentado de las reuniones de Roma y de Glasgow a pesar de ser el país que más contamina.
Además de todos los asuntos anteriores, en Roma también se planteó la inyección de 100.000 millones de dólares en ayudas adicionales a los países más pobres, que serán canalizadas a través del Fondo Monetario Internacional y su programa de "derechos especiales de giro", de uso cada vez más común en las iniciativas de "ayuda al desarrollo".
Cabe señalar que las reuniones anteriores ya habían movilizado 650.000 millones para este propósito, de modo que la década 2020-2030 arranca con un despliegue de hasta 750.000 millones de dólares para los polémicos programas de "ayuda al desarrollo".