La cuenta atrás sigue el ritmo establecido. Este sábado, 30 de octubre, será el último día que esté en vigor el contrato firmado por Argelia y Marruecos hace una década y que establece los términos del uso del gaseoducto Magreb-Europa (GME), que todavía es la principal fuente de abastecimiento de gas para España. El domingo ya se habrá girado la llave y solo será un conjunto de grandes tuberías sin nada en su interior.
Los dos países norteafricanos mantienen malas relaciones desde su independencia y se encuentran inmersos desde hace años en una auténtica carrera armamentística. El pasado 24 de agosto el Gobierno de Argel anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Rabat. Lo justificó en "los repetidos actos hostiles de Marruecos contra Argelia". Poco después de este anuncio se dio a conocer que el acuerdo del gasoducto no se iba a renovar.
Argelia acusa a Marruecos de dar apoyo al MAK, el partido independentista que promueve la secesión de la región bereber de Cabilia –en el norte del país–, y al Rachad, un partido que aboga por instaurar un régimen islámico en el país. Dos formaciones que son consideradas como terroristas por Argel. Y, por si fuera poco, a ello se une la constante crisis abierta entre ambos países por el Sáhara Occidental.
El gaseoducto Magreb-Europa es un conducto de 1.400 kilómetros de longitud que parte del campo gasístico argelino de Hassi R´mel, se introduce en territorio marroquí durante unos 540 kilómetros, cruza el Estrecho de Gibraltar en un tramo submarino de 45 kilómetros, y florece en la provincia de Cádiz por Zahara de los Atunes. En ese punto distribuye el gas por los gaseoductos españoles y también hacia Portugal.
El acuerdo firmado hace una década establece que Argelia paga un 20 por ciento del caudal de gas que pasa por este tramo a Marruecos como compensación. Con este movimiento, de un plumazo, Argel no solo quita a Rabat una importante aportación de gas gratuito con el que venía contando, sino que además les obliga a buscarlo en el mercado en un momento en el que los precios están disparados.
España, perdedor de una batalla ajena
El cierre de este gaseoducto supone un duro golpe para España, que queda a expensas de la cantidad de gas que pueda recibir de Argelia a través del otro gaseoducto existente. Se trata del Medgaz, que con una extensión de 750 kilómetros de longitud, incluida una sección submarina de 200 kilómetros bajo el Mar Mediterráneo, une el campo gasistas de Hassi R´mel con la playa del Perdigal en Almería.
Argelia ha prometido al Gobierno español aumentar el caudal de este gaseoducto para tratar de compensar el gas que iba por el GME, pero la realidad es que hay serias dudas de que ese aumento de caudal pueda ser suficiente, por lo que se deberán utilizar buques gasísticos, en un momento donde la crisis energética que está viviendo buena parte del mundo hace aumentar su precio y dificulta su disponibilidad.
Una situación que pone de manifiesto la vulnerabilidad energética española, que depende en exceso de Argelia, principal proveedor de gas desde hace casi quince años. Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el periodo entre enero y junio de este 2021 el país norteafricano ha suministrado a España el 47,7 por ciento del gas utilizado en nuestro país.
Los años más críticos de la dependencia gasista de Argelia fueron entre 2013 y 2018. En todos esos años salvo uno (2017, con el 48,2 por ciento) se estuvo por encima del 50 por ciento del gas comprado a todos los proveedores del mundo, llegando a alcanzar el 60 por ciento del gas suministrado en 2015. Y todo ello pese a que hay una ley que lo prohíbe, aunque permite las excepciones con una autorización especial.
Se trata, exactamente, del Real Decreto 1766/2007, de 28 de diciembre, que establece no se puede comprar a ningún país más del 50 por ciento del suministro de petróleo o gas, con el objetivo de evitar posibles crisis energéticas en el caso de que ese país tuviese problemas internos que lo desestabilicen y no pueda cumplir con las entregas pactadas. La autorización especial, por lo que parece, nunca se ha denegado.
Las cifras de la autosuficiencia española en lo que al gas se refiere son totalmente dramáticas. Los datos quedan reflejados año tras año en los informes anuales del mercado del gas natural en España que elabora la CNMC. El yacimiento de Viura (La Rioja) sirvió para suministrar a nuestro país, en su mejor año proporcionalmente hablando, el de 2019, tan sólo el 0,35 por ciento del gas que se consumió en los doce meses de ese año.
Su segundo mejor año en términos porcentuales fue el de 2018, donde fue capaz de abastecer el 0,30 por ciento del gas consumido en nuestro país. El año pasado, en 2020, tan sólo significó el 0,13 por ciento del gas empleado, mientras que los datos de los seis primeros meses de este año 2021 (enero-junio), dicen que proveyó a los españoles del 0,15 por ciento del gas que utilizaron.
Si a esto se une la falta de petróleo y las posiciones contrarios a cualquier tipo de prospección —como pasó en Canarias hace unos años—, la demonización de la energía atómica, la inconsistencia todavía de las energías renovables, y los altos costos que suponen los impuestos ecológicos, el acceso a la energía en España empieza a ser bastante complicado.
La vulnerabilidad energética
La vulnerabilidad energética que está poniendo de manifiesto la crisis del gas argelino es algo que estaba anunciado. Los expertos geoestratégicos españoles llevan anunciándolo desde hace años. De hecho, cuando España decidió modernizarse en el aspecto geoestratégico y, al igual que los principales países del mundo, empezó a analizar sus vulnerabilidades presentes y futuras, el tema energético siempre ha tenido un apartado propio.
La Estrategia Nacional de 2013, la primera elaborada en España, recogía la importancia de la seguridad energética e, incluso, en su punto número 3, titulado "Riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional", hacía alusión a la vulnerabilidad energética. Decía textualmente que "la actividad terrorista que se desarrolla en algunas zonas productoras de gas y petróleo naturales supone un factor de riesgo adicional para la seguridad energética".
Este aviso fue recogido también cuatro años más tarde en la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, que ya hablaba de la importancia de la "seguridad energética" en su introducción. El apartado propio de la "vulnerabilidad energética" recordaba específicamente, aludiendo al gas y al petróleo, que "el suministro energético es clave para un país como España, que depende para su abastecimiento en gran medida de zonas como África del Norte o el Golfo de Guinea", que tienen una "importante inestabilidad geopolítica".
Una de las recomendaciones hace unos años de los geoestrategas de La Moncloa y el Ministerio de Defensa fue la de reducir de forma importante la dependencia del gas argelino ante la fuerte implantación de grupos yihadistas en el norte de Mali y la situación de estado fallido de Libia. La frontera que comparten estos países es desértica y totalmente permeable y podrían atacar las instalaciones gasísticas del centro-sur argelino, causando problemas de suministro.
La recomendación cayó en saco roto, pues solo se ha cumplido en 2019 y 2020, y con cifras de compra todavía relativamente altas. La suerte en este caso es que el Gobierno argelino, de momento, ha actuado de forma contundente en los dos ataques contra instalaciones gasistas que se produjeron en 2013 en In Aminas –donde para acabar con los yihadistas se provocó una auténtica masacre atacando con cazas de combate– y en 2016 en Krechba.
Reservas estratégicas y fracaso del Castor
España, como muchos otros países europeos y occidentales, tiene una reserva estratégica de gas por si tiene que enfrentarse a una crisis de suministro. Pero el problema es que esta es bastante ínfima en comparación con la de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Se trata, tan solo, de una cantidad equivalente a veinte días de consumo efectivo.
Esta reserva de 20 días no es variable, sino que está fijada por ley. Exactamente, por el Real Decreto 1766/2007, de 28 de diciembre, que regula la obligación de mantener unas existencias mínimas de seguridad de gas natural y productos petrolíferos. Esa misma ley también obliga, por ejemplo, a tener reservas de petróleo para 92 días o de gases licuados del petróleo para otros 20 días.
Esta reserva se encuentra en tres depósitos. El primero es el de Gaviota, ubicado en el Mar Cantábrico, frente a las costas de la localidad vizcaína de Bermeo, a una profundidad más o menos de 2.150 metros. El segundo es el depósito subterráneo de Serrablo, situado en este pequeño pueblo del pirineo aragonés, en la provincia de Huesca, entre las localidades de Jaca y Sabiñánigo.
El tercer depósito es el de Yela, en el término municipal de Brihuega, en Guadalajara. Está a 2.300 metros de profundidad y rellena un acuífero salino fósil. Los tres están controlados por Enagás, pero su seguridad es monitorizada continuamente por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad (CNPIC), dependiente del Ministerio del Interior.
Hace unos años hubo un gran proyecto para aumentar las reservas estratégicas españolas. Se trataba del Castor, que buscaba establecer un nuevo depósito subacuático frente a las costas de Amposta (Tarragona), en un antiguo campo petrolífero, que por sí solo podía guardar gas para 50 días de consumo efectivo. Hubiera sido un salto cualitativo para España, pero el mismo acabó como el rosario de la aurora.
El proyecto fue concedido por el Gobierno Zapatero a ACS y fue demonizado de inmediato por los ecologistas y la extrema izquierda política. Se acusó al Ejecutivo de facilitar un pelotazo a Florentino Pérez. Además, se culpó al proyecto de estar causando movimientos sísmicos en la zona al tratar de llenar la antigua bolsa de petróleo con gas natural. Al final el proyecto se paralizó y la realidad es que España perdió una oportunidad única.