El anuncio realizado este jueves por el ministro de Consumo Alberto Garzón, en relación a la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas "no saludables" dirigidas a menores de 16 años, ha cogido por sorpresa al sector alimentario. Según ha confirmado la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y otras asociaciones de la cadena alimentaria —a través de una nota de prensa— no tenían conocimiento de la decisión y mucho menos del momento en que se iba a hacer pública, a pesar de estar en comunicación permanente con el departamento.
Llevan "más de un año trabajando con dicho Ministerio para actualizar el Código PAOS", que regula el sector desde 2005. De hecho, en el marco de esas conversaciones, la industria de alimentación y bebidas se habían ofrecido a reducir de manera voluntaria más de un 75% de la publicidad dirigida al público infantil. Una auténtica declaración de intenciones —y buena voluntad— por parte de las empresas a las que Garzón ha traicionado.
La Comisión de Seguimiento del Código PAOS se reunió este mismo miércoles 27 de octubre, un día antes del anuncio, y el ministro aseguró que no había ninguna decisión tomada en relación con el perfil nutricional sobre el que se basarán las limitaciones publicitarias. La decisión final "sería fruto de un debate en el que se buscaría el consenso entre todas las partes implicadas". Al menos, eso les hizo creer.
Para Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, la propuesta de Consumo "ataca de forma gratuita e injustificada a los elaboradores de alimentos y bebidas". Es una ofensa "para todo el sector y sus trabajadores, que durante la pandemia han dado un ejemplo de profesionalidad y compromiso con los ciudadanos para garantizarles el abastecimiento". "Es inadmisible un anuncio en el que se habla de defender a los niños de la industria alimentaria", ha sentenciado.
Así se refería a las declaraciones en las que Garzón argumentaba que "los menores son personas consumidoras vulnerables y tenemos la obligación de protegerles frente a la publicidad" porque se trata de un "problema grave de salud pública", como si el origen de los problemas nutricionales de los menores estuviera en la publicidad y la responsabilidad recayera en las empresas productoras de esos dulces, postres o zumos que el ministro quiere desterrar de los medios (y quien sabe si de los supermercados).
A este respecto, García de Quevedo ha considerado que "no se puede criminalizar a un sector comprometido con la calidad, la variedad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la mejora nutricional de los productos". Como ha explicado, "la obesidad y otras enfermedades responden a muchos factores, como el sedentarismo y la falta de hábitos de vida saludables".
Por este motivo, la patronal ha trasladado una queja formal al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también al de Industria, Comercio y Turismo. No obstante, FIAB reitera "la voluntad de seguir dialogando con todos los actores implicados en el Código PAOS con el objetivo común de reforzarlo, dando una mayor protección a los menores de edad".
El sector alimentario vuelve a tender la mano a Garzón, a pesar de que tiene a sus espaldas una larga lista despropósitos desde que está al frente del Ministerio de Consumo. Aún siguen coleando sus ataques al sector cárnico, su cruzada contra las bebidas energéticas o su intención de prohibir patrocinios como el de las Galletas Príncipe a la selección española de fútbol.
"Prohibir, prohibir y prohibir", ese parece ser el deporte favorito de Garzón en opinión de algunas de las empresas del sector consultadas por LD. La indignación cunde entre los productores de bollos, galletas, golosinas, postres, chocolatinas y otros productos dirigidos fundamentalmente al público infantil. No obstante, prefieren no señalarse públicamente en esta polémica. "Es un tema muy político", coinciden en señalar desde algunos de sus departamentos de comunicación. Por eso, al menos de momento, han decidido adherirse a lo dicho por la patronal y mantenerse al margen.