Tras el doble rechazo de Bruselas, primero a la propuesta de Pedro Sánchez consistente en que la UE tomase medidas conjuntas para abaratar el precio de la energía y, más recientemente, a la petición del gobierno español de poder intervenir unilateralmente los precios de la electricidad por el riego de apagones, sólo nos faltaba que las malas relaciones entre Argelia y Marruecos nos hicieran perder el que ha sido el primer gasoeducto y el que más capacidad de suministro a nuestro país presenta por ahora: el llamado GME (Magreb-Europa) que atraviesa Marruecos.
Así lo ha tenido que reconocer, sin embargo, este miércoles la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tras su visita relámpago a Argel, aunque haya tenido la colosal desfachatez de asegurar que, a pesar del cierre definitivo del GME, eso "no implicará problemas de abastecimiento" de gas a España.
Es cierto que aun nos queda el gasoducto directo con Argelia, el llamado Medgaz, que el gobierno argelino se ha comprometido verbalmente a potenciar, pero que no llega ni de lejos a la capacidad del que atraviesa Marruecos. Así las cosas, será necesario recurrir al "gas natural licuado" para su transporte por barco, lo que implicará un coste un 150% más caro en unos momentos en que España paga los precios por la electricidad más altos de su historia.
Así las cosas, ya solo faltaría que se hiciera realidad las advertencias del gobierno austriaco sobre un "gran apagón eléctrico" que podría sufrir Europa en los próximos años como consecuencia de tormentas solares, sobrecargas o ataques informáticos.
Al margen de este futurible, lo que es un hecho es que el primer gobierno en hablar de "riesgo de apagones" fue el gobierno español para justificar su solicitud a Bruselas de intervenir unilateralmente los precios de la energía. Lo que es evidente es que, sin necesidad de llegar al extremo de los apagones, el abastecimiento energético va a tener una factura que, lejos de bajar, no va a dejar de subir en los próximos años y que la solución a ello no pasa por intervenir coactivamente los precios -burda y contraproducente huida hacia adelante que los ciudadanos seguirán pagando ya sea como clientes, ya sea como contribuyentes- sino por erradicar las barreras institucionales que estúpida y coactivamente restringen la oferta y la creación de energía en nuestro país.
La drástica reducción de emisiones del C02 y otros gases de efecto invernadero que imponen los creyentes del apocalipsis climático son un factor esencial para explicar el no menos drástico incremento de los precios de la energía. A pesar de su mínimo impacto medioambiental, se calcula que la llamada agenda climática tendrá un coste de 9.700 euros por persona y para colmo China -el país más contaminante del mundo- no asiste a las cumbres climáticas como la que se celebrará el próximo mes en Glasgow.
En España hay que incluir, además, el no menos apocaliptico e infundado veto a la energía nuclear, a pesar de su nulo efecto invernadero. Todas estas delirantes restricciones a la producción de energía en nuestro país como las delirantes primas a la falta de rentabilidad de las llamadas "energías renovables" se pagan y se seguirá pagando en nuestra factura o en nuestros impuestos. Y es que lo que hace falta es una auténtica política energética nacional que, sin imponer aranceles obviamente a la energía importada de otros países, tampoco imponga trabas a la producción nacional. Mientras no la haya lo seguiremos pagando caro con independencia de llegar o no al extremo de los apagones.