El Gobierno del PSOE y Podemos no ha parado de anunciar medidas para mitigar la subida del precio de la electricidad. El hecho es que el precio de la electricidad, lejos de bajar, ha seguido subiendo. Cuando la realidad se empeña en desmentir todos los anuncios que está haciendo el Gobierno, ¿qué hace el Gobierno? Simple: más anuncios. La publicidad carece de cualquier efecto beneficioso en la situación real, pero puede beneficiar políticamente al Gobierno. A lo largo de estos meses, una frase acompaña siempre los anuncios gubernamentales sobre esta sensible cuestión: todos los hogares vulnerables de España están protegidos por el bono social eléctrico. Esto, naturalmente, es incierto.
Muchas personas con pensiones y rentas bajas han quedado fuera de la protección anunciada por el Gobierno que dice protegerlas. Un truco para enmascarar esa realidad es hacer creer que el número de hogares vulnerables es igual al número de titulares del bono social eléctrico. Acaba de hacer la trampa al decir que va a ampliar las ayudas a "los 1, 2 millones de hogares vulnerables que hay en España". Pero no, no hay sólo 1, 2 millones de hogares vulnerables en España. Lo que hay son 1, 2 millones de titulares del bono social eléctrico, que es cosa distinta. Y cada vez más distinta. A mediados de 2020, el número de titulares era mayor, pero a finales de año se redujo sensiblemente. No porque disminuyeran los hogares vulnerables, sino porque más de cien mil personas perdieron el bono social al no hacer los trámites para renovarlo. Y es que se ha hecho todo lo posible para complicarlos.
Hasta hace cinco años, el bono social se concedía automáticamente a todos los usuarios que tuvieran una potencia contratada inferior a 3 Kw. El descuento no era importante, pero a cambio no había que hacer ningún trámite. Entonces, cambió su regulación para incluir el criterio de renta y de paso - o muy deliberadamente-, para dificultar el acceso al descuento. Ahora hay que estudiar los distintos tipos de condiciones, hacer cálculos de renta relacionados con el IPREM y presentar documentación, incluida una nota del Registro Civil, bien online, bien pidiendo cita en las oficinas de la compañía. Es claro a qué personas se les obstaculiza más la consecución del bono maravilloso: a las que más lo necesitan. Entre los más perjudicados estarán pensionistas con la pensión mínima, con problemas de movilidad y poco duchos en el envío de documentos por internet.
Los anuncios gubernamentales de bonos sociales, que ahora se multiplican, hay que considerarlos sospechosos de entrada. Es obligado someterlos a la prueba de la letra pequeña. La condicionalidad larga y farragosa, la tramitación laberíntica, la maraña burocrática son indicios de que el anuncio es engañoso. Y cuánto más los exhibe el Gobierno, más se debe recelar. La mitad de ellos, y el bono social eléctrico sin duda, no tienen otra eficacia real que la de tranquilizar la conciencia de sus votantes.