El Ayuntamiento de Barcelona ha multado por primera vez al propietario de un piso que había fijado un precio de alquiler por encima de lo que marca la ley catalana que regula los previos de alquiler.
En concreto, la propiedad pedía a los inquilinos 1.200 euros al mes, cuando el anterior contrato era de 950 euros, según ha avanzado Tot Barcelona y han confirmado fuentes municipales y del Sindicat de Llogaters.
Según la intervencionista normativa actual si en los últimos cinco años ya había un contrato, el importe del nuevo se debe congelar.
Uno de los inquilinos que vive en el inmueble descubrió el pasado mes de enero que el propietario no cumplía con la ley impuesta por Ada Colau, ya que no les informó de cuál era el precio del contrato anterior, inferior al actual.
Según el inquilino, cuando descubrió la situación, trató de negociar con la propiedad para firmar un nuevo contrato con el precio anterior, de 950 euros, pero asegura que la petición no fue escuchada y que decidió interponer una denuncia a través del Ayuntamiento, que les ha dado la razón.
Este incumplimiento puede ser castigado con una multa que va de los 9.000 euros hasta los 90.000, y el Ayuntamiento, que es el que ha multado, ha decidido sancionar con el importe mínimo, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.
El Sindicat de Llogaters ha explicado en un comunicado que "el arrendador había puesto el contrato a su nombre, cuando realmente la propiedad era una persona jurídica".
"Los inquilinos tuvieron que negociar el retorno de los 1.600 euros de honorarios, ya que según el decreto 7/2019 los honorarios los deben pagar los arrendadores cuando la propiedad corresponde a una persona jurídica", ha añadido el Sindicat de Llogaters.
La propiedad ha devuelto el dinero a los inquilinos pero ha recurrido la sanción que le ha impuesto el Ayuntamiento.