Lo grave no es que la ministra podemita de Derechos Sociales, Ione Belarra, haya "reventado" la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al subir un video a Twitter donde atribuía a su formación la nueva y mal llamada "ley de vivienda" que el Ejecutivo, tras aprobarla, iba a presentar media hora más tarde. Lo verdaderamente grave es, en primer lugar, que esta indigna ministra no haya dimitido ni haya sido destituida después de acusar, nada más y nada menos, que al Tribunal Supremo de haber perpetrado un delito de prevaricación por haber osado condenar al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía.
En segundo lugar, aunque no menos bochornoso, es que, por encima de las disputas entre los ministros del PSOE y de Podemos a la hora de atribuirse la autoría de la Ley de Vivienda, el gobierno haya aprobado en Consejo de Ministros tamaño atentado contra la libertad contractual y el derecho de propiedad privada, inconstitucional engendro pseudojurídico propio de una república bananera que debería avergonzar a cualquier partido político con responsabilidades de gobierno y que no tiene parangón en ninguna otra democracia liberal del mundo.
Y es que, tal y como ya advertimos en su día, obligar manu militari a los "grandes propietarios" a bajar los precios de sus alquileres y a los "pequeños" a congelarlos es un atentado a nuestro Estado de derecho que no deja de serlo porque el gobierno diga ahora que permitirá a los particulares subir el alquiler en una "zona tensionada" siempre y cuando los propietarios realicen "obras y reformas" en el inmueble.
Al margen de que las subidas, congelaciones o bajadas del precio de los alquileres -así como las eventuales reformas en el inmueble- no tendrían que tener más condiciones en un Estado de derecho que el libre acuerdo entre arrendadores y arrendatarios, plasmado en un contrato de alquiler, asistimos a una arbitraria injerencia en la libertad contractual que se saca de la chistera lo que es un "propietario grande" y un "propietario pequeño" de pisos y que, con la misma arbitrariedad, fija qué es una "zona tensionada" o qué son "obras y reparaciones" que otorguen al propietario derecho para proponer al inquilino una subida del alquiler.
No es de extrañar que esta totalitaria iniciativa jurídica suscite el rechazo tanto de propietarios como inquilinos así como de los promotores que denuncian la falta de seguridad jurídica que conlleva y los enormes efectos perversos que puede provocar en el acceso a la propiedad o al alquiler de una vivienda.
Así las cosas, PP y Vox, que acertadamente han pedido la reprobación de Belarra por sus exabruptos contra el Tribunal Supremo, bien podrían aunar fuerzas, junto a Ciudadanos, para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este antisocial y antijurídico atentado contra la propiedad privada, cuya autoría PSOE y Podemos se disputan. Y es que, ya no es sólo el mercado de la vivienda lo que está en riesgo. Es el mismo Estado de derecho el que peligra.