Tras la aprobación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por parte del Consejo de Ministros, María Jesús Montero, acompañada de todo su equipo, presentó el proyecto PGE para el año 2022 en el Congreso de los Diputados ante la presidenta del Congreso y de las Cortes, Meritxell Batet, de manera que ya ha comenzado su tramitación parlamentaria.
Posteriormente, el Gobierno ha enviado a Bruselas el plan presupuestario 2022, donde recoge las principales medidas en gastos e ingresos, plasma la política económica que desea aplicar y expone los supuestos empleados. Lo recogido en dicho documento no hace sino incrementar la preocupación ya percibida con la presentación de los PGE, pues muestra que se trata de unas cuentas insostenibles en el medio y largo plazo: el gasto se dispara de manera alarmante y estructural amparado en el deseo de alcanzar una recaudación que se antoja fantasiosa, con el objetivo de elevar la presión fiscal española hacia niveles medios de la UE, cuando se olvida de emplear el esfuerzo fiscal, donde España es uno de los países europeos con este indicador en sus niveles más altos.
Eso le lleva a plantear un incremento de impuestos de más de 15.000 millones de euros, donde incluye una recaudación extra de 400 millones de euros por el alza del Impuesto de Sociedades que no parece que pueda llegar a darse, al tiempo que planea incrementar la exigencia tributaria a través del informe del comité de expertos que ha reunido, con el foco puesto en la llamada armonización tributaria, que no es otra cosa que el elemento con el que quieren obligar a Madrid a subir impuestos.
Toda esta política tributaria que avanza, poco a poco, hacia la confiscatoriedad trata de compensar el incesante y fuerte aumento del gasto público, que lo hace como nunca antes lo había hecho, consolidando, en muchos casos, gasto incrementado temporalmente por la pandemia, pero que el Gobierno parece que va a consolidar como estructural, aunque sea en otros conceptos, pero sin reducir el montante de dicho gasto total.
En este sentido, es preocupante el fuerte incremento del gasto en capítulo I, que se incrementa en 632 millones de euros y que pasa a suponer un 5,5% del presupuesto total en 2022 frente al 4,8% de 2021, con un incremento del 3,1%, que recoge la subida del salario del 2% a los empleados públicos y el fuerte incremento del empleo público. Esto tiende a la insostenibilidad.
Gasto insostenible también es el de la Seguridad Social, que parte de una situación muy compleja en sus cuentas: la transferencia de la AGE aumenta hasta 36.227 millones de euros en 2022, un incremento de 5.064 millones, de manera que ya representa una quinta parte de sus ingresos (que no es más que déficit reclasificado de la Seguridad Social a su financiador, la AGE).
Todo ello no hace sino aumentar el desequilibrio de las cuentas públicas, haciendo que el déficit estructural sea cada vez superior, cuando lo que tendría que suceder es todo lo contrario: disminuir, porque es el gran mal de la estabilidad presupuestaria española, que crece desde un -3,8% de déficit estructural en 2020 (que ya había crecido respecto a 2019) hasta un -4,5% en 2022, consolidándose, por tanto, un crecimiento insostenible de gasto estructural, que hace todavía más insostenible el déficit estructural.
Es más, si tenemos en cuenta que estamos calculando ese saldo presupuestario estructural sobre el PIB, el incremento de dicho desvío es mucho mayor, al ser el PIB nominal de 2020 de 1,1219 billones de euros y el de 2022 está estimado en 1,3126 billones de euros, con lo que ese déficit estructural pasará de 42.632,2 millones de euros en 2020 a 59.067 millones en 2022, es decir, un incremento de 16.434,8 millones de euros, algo insostenible de por sí e incompatible con las recomendaciones europeas de reducción del déficit estructural.
El Gobierno, no obstante, sigue manteniendo, y ha vuelto a hacerlo al presentar el proyecto de PGE en el Congreso, que las cuentas se van a cumplir, que España va a crecer, como poco, a ese ritmo, que los ingresos se alcanzarán, que el gasto no se sobrepasará y que los objetivos de déficit y deuda se respetarán, pero es difícil que sea así; todo parece indicar que va a causar un daño importante en la economía en el medio y largo plazo. Con el gasto estructural que va a consolidar y el incremento del desajuste presupuestario que puede derivarse de la ficción de las previsiones realizadas, puede que, desgraciadamente, el desequilibrio presupuestario sea más hondo, más permanente y más duradero, que es cuando Bruselas exigirá importantes recortes al no haber hecho reformas el Gobierno español.