En un primer momento, Simona Palacios atiende la llamada de esRadio con cautela porque "Hacienda primero dispara y luego pregunta". Nos explica que tiene cierto temor a poner en el disparadero a las familias a las que representa desde Autismo Burgos. Junto a otras cuatro asociaciones, intenta proteger a 2.000 familias de la persecución del Ministerio de María Jesús Montero.
Desde julio, no han parado de recibir requerimientos reclamando que justifiquen, con carácter retroactivo desde 2016, la convivencia en los casos en los que las personas con discapacidad están en un centro de día. "Como si el hecho de pasar unas horas en un centro eximiera a las familias de los gastos de cuidados y ocio", explica Mari Luz González.
"Es una mínima ayuda"
Al inicio de nuestra charla aclara que nos habla como madre, no como presidenta de la Asociación Las Calzadas. De ahí, el tono de enfado que le sale de las entrañas. Aclara que "las deducciones fiscales son una mínima ayuda" y que recurrir a un centro es sólo "una medida para poder sobrevivir porque nadie puede cuidar de otra persona las 24 horas".
"Estamos hablando de cuestiones como ropa, podólogos o las sedaciones en el dentista que necesitan para la realización de un simple empaste", explica Simona. Servicios en los que estas familias gastan mucho más que la media española.
Pilar Lara interviene desde APACID para añadir que, no contentos con esto, Hacienda "ha dado un plazo de 10 días" para que recaben toda la documentación: "Certificado histórico de empadronamiento, certificado del centro de salud, del centro asistencial que refleje el tipo de servicio que recibe y lo que ha pagado, rendición anual de cuentas firmado por un juez, si la persona está tutelada y todo lo que acredite la dependencia económica y la convivencia de la persona con su familia".
"El acta ya está levantada, tienen que pagar"
La Agencia Tributaria no pierde el tiempo y, a pesar de que ya han aportado la documentación, como "el acta ya está levantada, esas familias —explica Simona— tienen que pagar". Estamos hablando, continúa, de "cantidades astronómicas: una pensión de 900 euros al mes tiene que devolver más de 2.500 euros al año. Pero hay familias que tienen que devolver 7.000 y 8.000 euros y, a lo mejor, tienen dos hijos, lo que agrava la situación". Esto, sin contar el coste personal porque "muchas de las madres y padres que representan estas asociaciones han tenido que dejar su trabajo porque no tienen otra opción".
Esta persecución sólo se está dando en Burgos. Según la delegación local de la Agencia Tributaria, es "un requerimiento puntual para detectar posibles incumplimientos", pero no descarta que se pueda "extender al resto de España". No obstante, desde esRadio no hemos conseguido que en la sede nacional de la Agencia Tributaria aclaren si esto será así. De hecho, en las más de ocho consultas que hemos realizado, nadie conocía esta situación que el PP llevará al Senado próximamente en una pregunta que ya ha registrado en la Cámara Alta.
La esperanza de estas madres es que se conozca su realidad y la injusticia que sufren desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero. Y, aún con todo, se conformarían sólo con que la Administración no se lo ponga todavía más difícil.