El sector de la alimentación y el de la distribución comienzan a ahogarse. La escalada insólita del precio de las materias primas, el transporte y la energía se ha convertido en una tormenta perfecta que está poniendo en grave riesgo al 20% del PIB, a empresas responsables de 4,5 millones de puestos de trabajo.
Ante el encarecimiento extraordinario de los costes de producción, a las empresas no les está quedando más remedio que subir los precios o plantearse hacerlo a la mayor brevedad posible. Por tanto, ya no son sólo las facturas de la luz y el gas las que amenazan las delicadísimas finanzas de los hogares españoles: y es que la inflación ha llegado a la cesta de la compra.
Mientras tanto, el Gobierno pirómano toca la lira. Los social-comunistas subestiman con terrible irresponsabilidad la subida del IPC, que se ha disparado hasta el 4% en septiembre, el mayor registro en 13 años. "La inflación no me preocupa a corto plazo" porque "no es exorbitante", dijo Nadia Calviño hace algunas semanas. Échense, pues, a temblar, porque cada vez que habla la incompetente titular de Economía sube el pan: recuerden cuando afirmó que la pandemia "tendría un impacto poco significativo" en la economía nacional...
El Gobierno no sólo está mostrando un profundo desprecio por la angustia de las empresas del mundo de la alimentación, sino que quiere asestarles un nuevo tributo, uno que grave los envases de plástico de un solo uso, con el que Sánchez y su banda pretenden recaudar 491 millones de euros en 2022. A esto hay que unir el rejonazo a los refrescos con la subida de su IVA de 10 al 21% con la burda excusa de salvaguardar la salud de los ciudadanos... a costa de su bolsillo (340 millones al año).
Mientras tanto, no muy lejos, en Italia, vuelven a sacar los colores al Gobierno social-comunista. Hasta el Ejecutivo del manirroto Mario Draghi ha entendido que saquear a la industria alimentaria y a sus clientes en plena escalada inflacionista es una aberración. Por eso han decidido aplazar hasta 2023 la entrada en vigor de su impuesto a los plásticos, así como la subida del IVA a los refrescos, que ni siquiera había puesto en marcha. Roma ha tomado esa decisión en el marco de una reforma fiscal para garantizar el crecimiento estructural de su economía, y que supondrá una bajada del IRPF, el IVA y Sociedades. Sánchez, en cambio, ha decidido seguir el camino opuesto. El de la exacción miserabilizadora.
La implantación de peajes en las autovías y el catastrazo son igualmente parte de una política económica infame que ha hecho de España el país europeo donde más ha crecido la presión fiscal durante la pandemia, hasta alcanzar el 37,4% del PIB. El expolio será todavía mayor en 2022, como comprobarán con desesperación especialmente las rentas medias y bajas.
En qué manos estamos.