Cada vez está más cerca otro nuevo golpe del Gobierno a los conductores. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado este lunes que es "imperativo" el pago de una tasa de uso en las autovías españolas y ha apelado a "no aplazarlo más".
Pardo de Vera tiene mucha prisa por asestar un nuevo sablazo a los conductores y así lo ha evidenciado en un acto en Pontevedra. La secretaria de Estado de Infraestructuras ha justificado la medida en que este modelo de "pago por uso" ofrecerá una solución al "creciente déficit" en materia de conservación de carreteras permitiendo obtener así una fuente de ingresos extra y directa.
Esta medida no es nueva. El Gobierno de Pedro Sánchez ya prometió a Bruselas su intención de imponer peajes en todas la autovías del país en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El texto remitido a Bruselas contemplaba "la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario pagador y también del principio de quien contamina paga".
Pero hay más. Según la última versión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ejecutivo se comprometió a tener listo el sistema de peajes en las autovías antes del 30 de junio de 2022, apenas en un año, para empezar a aplicarlo a partir de 2024.
Bien es cierto que el argumento del pago por uso sería un espléndido razonamiento si los conductores no pagaran ya todo tipo de impuestos por usar sus vehículos. De lo contrario, podrían estar incurriendo en una doble imposición. Y es que, el monto que se embolsa Hacienda todos los años gracias al bolsillos de los conductores no es nada desdeñable. Por ejemplo, en 2019, la recaudación del Estado por los automóviles ascendió a la friolera de 30.888 millones de euros, una cuantía que supera con creces los 8.000 millones del déficit de las carreteras.
Además, los impuestos sobre el transporte, como los peajes en las autovías, afectan por partida doble a las rentas bajas, que viven en la periferia de las ciudades y tienen que llevar a cabo mayores desplazamientos, así como a los habitantes de la España vaciada, esa a la que presume de proteger el Ejecutivo.
Pero Pardo de Vera ignora por completo estas realidades. A su juicio, los 1.400 millones de euros que destinarán en el año 2022 los Presupuestos Generales del Estado para el mantenimiento de las carreteras son "insuficientes", por lo que quiere sangrar más a los conductores.
"O afrontamos un cambio o seguiremos cautivos de un sistema tan injusto como lucrativo para algunos", ha sentenciado la secretaria de Estado de Infraestructuras. No aprobar esta tasa, ha indicado Isabel Pardo de Vera, "detrae recursos" para el mantenimiento de carreteras "en detrimento de los que habrían de ser destinados a reforzar el aseguramiento de la sanidad, la educación o la justicia". La socialista no ha dado ninguna fecha sobre cuándo podían empezar a implantarse estos peajes, pero parece que será antes de 2024.