El Gobierno sigue repitiendo, de manera constante, que España va a crecer un 6,5% en 2021 y un 7% en 2022. Para ello, se basa en unas previsiones macroeconómicas irreales, que no avala ninguna institución, tras la revisión a la baja, por parte del INE, del crecimiento de los dos primeros trimestres de este año. Esa ficción tendrá un recorrido muy corto, pues, al final, dentro de unos meses podremos contar con un primer avance del crecimiento de 2021, pero lo que no tendrá un recorrido tan corto, sino, desgraciadamente, más profundo y duradero, es el conjunto de medidas equivocadas que el Gobierno está adoptando en política económica.
¿Qué es lo que hace el Ejecutivo? Trata de mantener la economía española en unos niveles de crecimiento más elevados a costa del incremento importante del gasto público, que está llevando a unos niveles imposibles de sostener. Así, mientras el crecimiento trimestral del consumo de los hogares en el segundo trimestre de este año pasa de un 6,6% en el avance de julio al 4,7% en la revisión de septiembre, y la inversión pasa de un -1,5% en julio a un -2,2% en septiembre, el gasto de las Administraciones Públicas crece, al ser un 0,8% en dato avanzado en julio frente al 0,9% en septiembre.
Ese intervencionismo, plagado de más gasto —crecimiento desorbitado del gasto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022—, más impuestos —subida del tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades— y más intromisión en la libertad individual —limitación del precio de los alquileres, reserva de un 30% para viviendas públicas de las nuevas promociones, subida del salario mínimo—, aumentarán la asfixia que el Gobierno, con su política económica, está provocando en el sector privado.
De esa manera, si comparamos el cuarto trimestre de 2019, que es el último no afectado por la pandemia, pues el primer trimestre de 2021, pese a que las restricciones fueron sólo durante la mitad de un mes en todo el trimestre, fue intensísimo su efecto en el mercado laboral, comprobamos cómo se han destruido 481.500 empleos privados, mientras que los empleos públicos han aumentado en 186.300.
De esta forma, si el empleo total no ha disminuido desde entonces en más personas que los 295.300 registrados se debe a que el aumento de empleados públicos lo ha mitigado artificialmente.
Pues bien, el Gobierno sigue empeñado en mantener esta línea, como se refleja en el proyecto de PGE para 2022: ahí, además del incremento del 2% del salario a los empleados públicos, que será más gasolina para la inflación en un entorno en el que el gasto está financiado por el BCE y que, por tanto, no combate los cuellos de botella que se producen en los precios, incrementa un 8,5% la oferta de empleo público para dicho ejercicio.
Todo ello dibuja una línea sumamente peligrosa para la economía: la apuesta de una economía sostenida artificialmente, vía gasto público, frente a una economía sostenible por ella misma. Es un proceso que desemboca en una caída o estancamiento de la economía, anestesiada por el impulso público, que siempre tiene corto recorrido, pero que deja, a su paso, gasto insostenible, déficit abultado, deuda exponencial, impuestos confiscatorios y destrucción de tejido productivo.