Como tantos otros españoles, Belén perdió su empleo por culpa de la pandemia. Ahora, apenas cobra 600 euros y dedica sus días y sus noches a cuidar de su madre, que vive postrada en una cama con una discapacidad superior al 70%. Su padre falleció hace más de dos años aquejado de Alzheimer, "uno de los más duros que he visto nunca", recuerda emocionada.
Su herencia -el apartamento en el que tantos buenos momentos pasó de pequeña- estaba llamada a ser su salvavidas en caso de que las cosas vinieran mal dadas. Sin embargo, nunca imaginó que aquellos sueños de verano se acabarían convirtiendo en una auténtica pesadilla por culpa de una okupa que, a pesar de cobrar más que ella, lleva casi 20 meses sin pagar el alquiler.
"Mi padre compró esa vivienda con mucho esfuerzo y trabajo. No tenía estudios, pero sí mucha hambre y ganas de trabajar después de la guerra", explica orgullosa Belén. Con tan sólo 12 años, comenzó a ganarse la vida recogiendo cartones en la calle y, poco a poco, consiguió ir haciendo dinero hasta poder comprarse un bonito piso de tres habitaciones en una urbanización de Benalmádena, donde acabaría viviendo los últimos años de su vida junto a su hija.
Los primeros impagos
Cuando el Alzheimer empezó a ganarle la batalla, decidieron ponerlo el alquiler y trasladarse a Málaga, donde ellos mismos alquilaron otro apartamento en el mismo bloque que su madre -estaban divorciados desde hace años- con el fin de que Belén pudiera cuidar de ambos.
Los problemas no empezarían hasta el verano de 2019, pocos meses después de su fallecimiento. En agosto, la inquilina dejó de pagar por primera vez. Y no uno, sino hasta cuatro meses: "Me dijo que tenía un problema en el trabajo, pero que no me preocupase, que lo sentía mucho y que ella siempre pagaba. Al final, no sólo se puso al día, sino que me pagó un mes por adelantado, así que yo dije… ‘Bueno, pues mira que buenos inquilinos tengo’ y así se quedaron las cosas".
Sin embargo, pronto entraría en escena el coronavirus y, con él, una nueva excusa para no pagar. "Me volvió a decir que no tenía dinero, pero que iba a pedir una ayuda para el alquiler y que se la iban a dar porque cumplía todos los requisitos: era madre soltera y víctima de violencia de género", recuerda Belén.
Aquel día se enteró de que el hombre con el que había vivido en su casa no era el padre de sus hijos -que en aquel momento tenían 17 y 16 años- y que se había trasladado a Benalmádena, huyendo de un supuesto caso de malos tratos que había sufrido en Zaragoza. "Ante esas explicaciones, yo decido tener paciencia", explica. El problema es que ni le dieron la ayuda, ni Aurora demostró -ni ha demostrado nunca- voluntad alguna de querer pagar sus deudas.
El "chantaje" del Ayuntamiento
Tal y como ha podido comprobar este periódico, los servicios sociales del Ayuntamiento de Benalmádena -gobernado por el socialista Víctor Navas- se pusieron en contacto con Belén para condicionar la prestación a que ella se comprometiera a no desahuciar a su inquilina. Sin embargo, se trataba de un compromiso demasiado ambiguo como para acceder a él: "No me especificaban durante cuánto tiempo y la idea era darle una ayuda para pagar el alquiler de marzo a agosto, pero luego vendrían septiembre, octubre, noviembre, diciembre… ¿Y quién me pagaba a mí? Yo no podía firmar aquello. Le dije que eso no podía ser así y que, si cumplía los requisitos, se lo tendrían que dar y si no, pues no".
Finalmente, Aurora no recibió la ayuda y Belén se quedó sin cobrar. Su abogado le advirtió de que el tema de la violencia de género era un tema delicado, así que le recomendó ofrecer a la inquilina una condonación de la deuda a cambio de que abandonase su domicilio. "Le dije que le perdonaba los 7 meses que llevaba sin pagarme y le daba dos más para poder buscar otra vivienda en temporada baja, así que, en total, le ofrecí 9 meses gratis", explica. No sirvió de nada. Aurora se resistía a abandonar su maravilloso piso con vistas al mar en una urbanización con 2 hectáreas de jardín y dos piscinas incluidas.
¿Una familia vulnerable?
Agotadas las vías amistosas, Belén decidió por fin demandar a su inquilina. Sin embargo, ella consiguió que los servicios sociales certificasen que se encontraba en situación de vulnerabilidad y logró retrasar así el procedimiento. "Lo que me sorprende es que también le dieran la vulnerabilidad al hombre con el que vivía y con el que firmó el contrato de alquiler, porque yo tengo nóminas suyas de 1.800 euros", asegura Belén.
En cuanto a ella, es cierto que no tenía un contrato de trabajo. Sin embargo, "cobraba 980 euros de prestaciones, porque, aunque no le dieron la del alquiler, tenía la Renta de Inserción Social y el Ingreso Mínimo Vital". Además, Belén asegura que, un mes antes de la pandemia, ella misma le dijo que había recibido una herencia de su madre y que estaba interesada en comprar el piso, algo a lo que ella se negó. "Si quería comprar un piso, es porque tenía dinero", advierte.
Cuando el juez decidió finalmente seguir adelante -diciembre de 2020-, volvió a entrar en vigor el decreto del Gobierno que impide los desahucios como forma de amortiguar la crisis originada por la pandemia. Un decreto que se ha ido prorrogando y que, teóricamente, decae el 31 de octubre, por lo que, de momento, Belén sigue sin ver la luz al final de túnel.
Viajes, fiestas y drogas
"Yo no dudo de que haya gente vulnerable, pero ella no lo es, aunque lo aparente", denuncia Belén, que incluso ha llegado a contratar a un detective privado para demostrarlo. Así, LD ha tenido acceso a los informes de este profesional, que asegura que -además de cobrar casi 1.000 euros en subsidios- Aurora trabaja al menos 4 horas diarias en un restaurante de comida árabe de Benalmádena.
La conclusión de Belén es que ese salario lo percibe en negro. "Cobra subsidios, trabaja en la economía sumergida y no paga alquiler. Ésa es la mejor forma de vivir", ironiza. Y lo cierto es que, sin necesidad de detectives, es fácil comprobar que el ritmo de vida de Aurora y sus dos hijos -uno de ellos ya mayor de edad- no es el de una familia que está pasando apuros económicos precisamente. Sus redes sociales dan buena cuenta de numerosas fiestas y viajes tanto por España como por el extranjero y de los caprichos que unos y otros se pueden permitir: un coche, un iphone e incluso drogas.
Amenazas a los vecinos
Y este último es precisamente otro de los problemas a los que se enfrenta Belén. "Los amigos de la infancia que yo tengo allí están hartos de decirme que la hija vende droga y yo misma vi un día entrar a un yonqui en mi vivienda", denuncia indignada. Además, los gritos y los ruidos son constantes y "muchos vecinos que se van en invierno han tenido que reforzar las puertas por miedo".
El hecho de no vivir allí es precisamente lo que les disuade de denunciarlo públicamente, ya que temen que, al tener las casas vacías durante unos meses, Aurora o sus hijos puedan tomar represalias. Sin embargo, corroboran los comportamientos "incívicos" de esta familia e incluso aseguran haber recibido "amenazas" por sus quejas.
Antidepresivos y 20.000 euros perdidos
Inevitablemente, toda esta sucesión de acontecimientos ha ido haciendo mella en la salud de Belén. "Tomo antidepresivos y Trankimazin todos los días", confiesa al otro lado del teléfono. Y no es el único problema al que se enfrenta: "Tuve un accidente de tráfico y desde entonces la tensión se me acumula en la espalda, así que hay días que me duele desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie".
El daño económico es más evidente si cabe. Belén calcula que lleva más de 20.000 euros perdidos entre rentas impagadas, abogados, detectives y otros gastos a los que, como propietaria, tiene que hacer frente de forma inexcusable. "Yo sigo corriendo con el IBI, la tasa de basuras y la comunidad de propietarios, que conlleva unos gastos anuales de 2.000 euros… Eso sí, sin recibir renta alguna", puntualiza.
La complicidad de las instituciones
En este sentido, Belén lamenta que los propietarios no puedan acogerse a ninguna exención en los tributos por tener el piso okupado: "Es una vergüenza que los protejan a nuestra costa y encima tengamos que seguir pagando impuestos, comunidad y suministros". No en vano, en estos momentos, la situación de Belén es más delicada que la de su propia inquilina. "Cobra más que yo, pero como teóricamente tengo una casa, yo no soy vulnerable", lamenta.
Sin embargo, la realidad es que, con las leyes actuales, el Gobierno condena a muchos propietarios a una pobreza de facto. "Lo que nos están haciendo es una expropiación de viviendas y no sólo con el covid, porque antes del covid también se tardaba más de un año en desahuciar. El desahucio exprés es una gran mentira", sentencia Belén.
El suyo es sólo uno entre los muchísimos casos que sufren en silencio miles de víctimas de toda España. Por eso, espera que el hacerlo público sirva, al menos, para concienciar a la sociedad del daño que la okupación -sea cual sea su vertiente- puede hacer a cualquiera. Porque, en contra de lo que mucha gente cree, no siempre aquel que alquila su vivienda lo hace para ganar un dinero extra. Para muchos, desgraciadamente, es su único medio de vida.