El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político
El anterior párrafo bien podría firmarlo cualquier integrante de Unidas Podemos o, en los tiempos de radicalismo que corren, buena parte de los miembros del PSOE. Sin embargo, se trata del encabezado de la Ley 40/1964 aprobada durante el franquismo para impulsar la "reforma de los arrendamientos" pretendida por el régimen del general gallego.
La ley de 1964 bebía, a su vez, de la Ley sobre Arrendamientos Urbanos aprobada el 31 de diciembre de 1946. Aquella norma, que bebía de una ley anterior aprobada en 1946, sometía el alquiler de vivienda en las capitales de provincia y las grandes poblaciones a un complejo régimen de controles y limitaciones. El resultado de todas estas intervenciones fue la progresiva deformación del mercado del alquiler.
Así, si analizamos el Censo de Población y Vivienda que elabora el Instituto Nacional de Estadística vemos que, en 1950, el 51% de las familias españolas vivían de alquiler. Sin embargo, en 1981, este porcentaje se había reducido a la mitad, hasta situarse en un 25%. Intervenir el mercado a base de controles de precios y otras medidas hizo que los promotores dejasen de invertir en este segmento.
La experiencia del mercado del alquiler bajo el franquismo no es distinta a la de otros países que han explorado este tipo de políticas en tiempos recientes:
- En Suecia se ha desatado una gran tormenta política por el desastroso bagaje de las medidas de control de los precios del alquiler.
- En Francia, la oferta de pisos dedicados al alquiler en París se ha desplomado un 15% tras la aprobación de normas que restringen la libertad de precios en el segmento dedicado al arriendo.
- En Estados Unidos, el caso de San Francisco es paradigmático, puesto que las consecuencias de este tipo de política han sido similares, con menos oferta y precios más altos.
- Incluso en la España actual tenemos ejemplos recientes, puesto que la regulación del precio del alquiler aprobada el pasado año Cataluña hace algo más de un año ha reducido un 42% la oferta disponible en Barcelona.
El fantasma de la "renta antigua"
No hay que olvidar que una de las señas de identidad de la intervención franquista del mercado de la vivienda de alquiler fue la aprobación de la "renta antigua". Bajo dicho programa, los precios del arriendo permanecían casi inalterados durante décadas, de modo que muchas personas pagaban el mismo alquiler en 1960 que en 2010.
Esta congelación de precios hizo que desapareciese casi por completo la inversión en vivienda dedicada al arriendo, por la imposibilidad de extraer rentabilidad alguna de este tipo de inmuebles. Además, también propició el deterioro del parque de edificios, como se ha podido observar en muchas zonas céntricas de las capitales de nuestro país donde la presencia generalizada de pisos de "renta antigua" resultó en inmuebles totalmente depauperados.
De modo que PSOE y Podemos, lejos de estar aplicando políticas novedosas en materia de vivienda, están combatiendo la escasez de oferta a base de medidas que solo exacerban el problema, replicando políticas que no solo han fallado en todos los países de nuestro entorno, sino que también han tenido resultados desastrosos en la propia España, durante los años del régimen franquista.