El Gobierno de coalición conformado por PSOE y Podemos ha llegado a un acuerdo para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda. El texto de la norma incluirá, según ha adelantado el Ejecutivo, un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles abonado por las viviendas que estén vacías.
Hay, sin embargo, muchos interrogantes sobre el alcance de esta medida. De entrada, desde el PP han han anunciado que sus comunidades y ayuntamientos no aplicarán las medidas contempladas por la Ley de Vivienda, de modo que el desarrollo de la norma no será efectivo en todo el territorio nacional, sino solamente donde existan mayorías políticas de izquierdas.
Además, tampoco está claro cómo se define qué es una vivienda vacía. En su momento, el borrador que desarrolló el entonces ministro del ramo, José Luis Ábalos, fijaba como referencia aquellos inmuebles que llevasen más de dos años sin estar ocupados. Pero, a renglón seguido, el equipo de Ábalos identificaba diversas "causas justificadas" de desocupación: traslados por motivos de trabajo o formación, cambios de domicilio por razones de salud o emergencia, inmuebles que están en venta o en el mercado del alquiler, etc.
El gobierno insiste en que hay 3,4 millones de viviendas vacías que podrían salir al mercado. El problema es que este dato, en torno al cual gira toda la argumentación del gabinete sanchista, se corresponde con el último Censo de Población y Vivienda, que fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística hace ahora una década. Desde entonces, muchos de estos inmuebles han encontrado nuevos inquilinos, puesto que el periodo 2011-2020 ha estado marcado por la progresiva asimilación de los excesos de la burbuja inmobiliaria.
Incluso si trabajamos con los datos de 2011, podemos ver que solo una de cada cinco casas vacías han sido construidas en el siglo XXI (unas 737.000 unidades), mientras que un tercio de los inmuebles que están en estas circunstancias tienen más de cincuenta años, de modo que muchos de ellos (aproximadamente un 50%) no están habitables.
Hay que tener en cuenta, además, que el porcentaje de viviendas vacías era más elevado en comunidades donde el precio de alquiler y compra-venta no es tan elevado. Es el caso de Galicia, La Rioja o Murcia, donde estos pisos suponen el 19%, 18% y 17% del total de residencias censadas. En cambio, en Cataluña, Madrid o País Vasco, donde los precios de la vivienda sí son más altos, las cuotas son del 12%, 9% y 8%, respectivamente.
En la misma línea, los informes que maneja la Universidad Pompeu Fabra apuntan que, en 2020, la vivienda vacía apenas supuso el 5,5% del parque total de vivienda en la provincia de Madrid, mientras que en Barcelona significó solamente el 3%.
Por tanto, todo apunta a que, en la práctica, la norma tendrá un recorrido mucho más limitado de lo que le gustaría al gobierno y, además, los datos acreditan que hablamos de un fenómeno puntual en aquellas ciudades donde más han subido los precios. Ciudades como Madrid o Barcelona, donde los gobiernos de Manuela Carmena, entre 2015 y 2019, y Ada Colau, desde 2015 hasta hoy, han hecho todo para bloquear el urbanismo, contribuyendo de forma directa a encarecer la vivienda.