La Dirección General de Tráfico es un rara avis dentro de los organismos públicos en España. Concretamente, se trata de un Organismo Autónomo Estatal, por lo que, de acuerdo al artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es una entidad "con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión".
En otras palabras, pese a depender del Ministerio del Interior, carece de financiación relevante procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Casi toda su actividad se nutre, por tanto, de la recaudación procedente de las tasas cobradas en 20 trámites distintos, así como de multas y sanciones de tráfico.
Pero lo más impactante de esta institución es que, además de autofinanciarse, genera beneficios. Es decir, los costes que afronta la DGT en forma de seguridad vial, campañas de concienciación o ayuda a las víctimas son bastante menores que los ingresos que el organismo logra recaudar. ¿Y qué ocurre con el excedente? Pues, en esencia, ‘se regala’ al Estado, que gasta ese dinero a su antojo, en cualquiera de las partidas presupuestarias que satisface anualmente.
Concretamente, de acuerdo con una investigación publicada en El Confidencial, la DGT recaudó un total de 5.000 millones de euros de 2014 a 2018, de los que 1.400 millones fueron transferidos al Estado. Es decir, casi tres de cada diez euros procedentes de multas y tasas van directamente a nutrir las arcas estatales, y no a mejorar la seguridad vial, que se entiende que es la principal misión de la DGT.
Estos datos ponen de manifiesto que el organismo público no está aprovechando apropiadamente todos los recursos de los que dispone para mejorar la seguridad en las carreteras. De hecho, esta práctica choca con la propia Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece que "el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones […] se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas".
En este sentido, el Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2018 de que la DGT estaría incumpliendo sistemáticamente con su obligación legal de destinar la recaudación por multas a los objetivos establecidos, y denunció numerosas irregularidades y desfases en las cuentas del organismo durante el periodo estudiado (2015). De igual manera, Hacienda lleva desde 2018 sin avalar las cuentas de este organismo.
Sin embargo, las prácticas potencialmente irregulares no han cesado y, de hecho, la DGT ejecutó en 2019 una transferencia al Estado por valor de 622 millones de euros, mucho mayor a lo habitual, que se establece por encima de los 150 millones. Este insólito traspaso, dirigido a hinchar las cuentas públicas, provocó que la Dirección General de Tráfico cerrara el balance anual en números negativos por primera vez en su historia.
Este constante ‘escape’ de recursos al erario redunda directamente en un peor servicio y carencias en seguridad vial. En primer lugar, en los últimos años se ha visto una ralentización en el descenso de las tasas de siniestralidad. Además, el descuido generalizado de la red viaria española es evidente, ya sea debido a las carencias en señalización o asfaltado, entre otros. Por otro lado, la plantilla de examinadores continúa siendo claramente insuficiente, generando periódicamente cuellos de botella e interminables retrasos para obtener el carné de conducir. De igual forma, el número de agentes de tráfico ha menguado en la última década pese al aumento del tráfico. Asimismo, según las cuentas de 2017 publicadas en el BOE, la DGT destina una parte raquítica de su presupuesto a la formación y educación, no alcanzando los 2 millones de euros, en comparación con los 308 millones dirigidos a la partida de vigilancia y control.
No cabe duda de que este organismo podría hacer frente a todos estos retos si aprovechara todos los recursos de los que dispone en vez de cederlos al Estado sin que podamos saber su destino final.
La seguridad vial ¿lo primero?
Pese a que la actividad de la DGT genera excedentes económicos de manera recurrente, este ente se ha esforzado por incrementar sus ingresos en los últimos años -en 2019, obtuvo, solo a través de multas, un millón de euros cada día- lo cual pone de manifiesto su claro afán recaudatorio.
A fin de potenciar esta recaudación, así como de mantener la incesante propaganda pro-DGT, el organismo viene implementando en los últimos años nuevos mecanismos de control como los helicópteros Pegasus (cuyas hazañas de ‘caza’ se publicitan insistentemente en los medios de comunicación) o los controvertidos radares Velolaser, casi imposibles de detectar.
Asimismo, el ente público ha implementado recientemente una flota de drones de vigilancia que, pese a su atractivo mediático y capacidad de amedrentamiento, ofrecen escasa utilidad en cuanto a control del tráfico (no pueden medir velocidades y su autonomía de vuelo es muy reducida) y suponen un potencial peligro de seguridad vial en caso de extravío o fallo en el vuelo.
Otro nuevo objetivo de la DGT, alejado de la seguridad vial, es el de la sostenibilidad medioambiental. Como ejemplo de este aspecto, destaca la campaña lanzada en verano de este año para promover la conducción a 90 km/h en autovías, para así ahorrar combustible. La propuesta fue fuertemente criticada por muchos conductores e incluso un conocido youtuber se atrevió a ponerla en práctica, poniendo en serio riesgo al resto de conductores y a sí mismo.
He estado circulando durante 15 minutos escasos a 90 km/h por autovía, como recomienda la @DGTes. En ese breve tiempo se han generado varias situaciones de peligro, una seria. Me ha rebasado un camión. El tráfico real va a 120-180 km/h, como puede verse. https://t.co/iJdEBQZaLm
— JF Calero - Oficial (@JFCalero) August 3, 2021
Por otro lado, este mes de agosto, el fiscal general para la Seguridad Vial remitió a la DGT un oficio por el cual sugería crear una red de conductores ‘chivatos’ que denuncien a otros ciudadanos que comentan una posible infracción. La forma de demostrar estos comportamientos imprudentes, que, presumiblemente, se llevaría a cabo mediante la grabación de imágenes y vídeos con el teléfono móvil, entra en obvio conflicto con la propia seguridad vial del denunciante (y contra la normativa), así como de la Ley de Protección de Datos. Por ende, la DGT aún no ha tomado nota de la propuesta y parece difícil que esta ocurrencia se convierta en realidad, aunque, conociendo sus precedentes, cualquier cosa puede esperarse de este organismo.