La transición ecológica se está convirtiendo en un nuevo filón para esquilmar a las empresas a base de impuestos y regulaciones. Y es que las limitaciones al uso de plásticos en los envases le van a costar a la industria 2.000 millones de euros, según ha determinado un estudio de Tragsatec. Esta cuenta se divide, por un lado, en el impuesto indirecto sobre recipientes de plástico de un solo uso creado por el Gobierno y, por otro, a la adaptación que tendrán que hacer en los nuevos envases.
En el primero de los casos, el Ejecutivo gravará con 0,45 euros cada kilogramo de envase, un tributo con el que recaudarán unos 724 millones euros al año. Sin embargo, podría ser incluso más, ya que desde Bruselas se exige un tipo de 0,80 euros por cada kilogramo de plástico. Por tanto, habrá que esperar a cuál es el tipo final o si se van aplicando subidas progresivas.
Pero esto no es todo. Al nuevo impuesto se suma el hecho de tener que cambiar la forma en la que se venden miles de productos. Por ejemplo, en 2025 la normativa exige que se reduzca a la mitad la comercialización de aguas envasadas en botellas de plástico. Ese mismo año, el envaso de cervezas en plástico tendrá que caer un 80% y los refrescos un 70%. Además, en 2023 quedará prohibido vender en los supermercados fruta y verdura en envases de plástico, aunque se trate de productos congelados.
Para los fabricantes, este cerco normativo al plástico supone un problema grande, no solo en lo económico y normativo, también a la hora de encontrar un sustituto al plástico, debido a que este material ofrece más garantías en cuanto a la seguridad alimentaria. De hecho, "las autoridades sanitarias han detectado un incremento de alertas sanitarias como consecuencia de la sustitución de plásticos por otros materiales", señalan en El Economista.
Además, desde la industria del plástico consideran que el impuesto que va a instaurar el Ejecutivo se trasladará al coste final del producto haciendo que se encarezca la cesta de la compra un 3% más.