El absentismo es en España un problema estructural debido a una regulación excesivamente permisiva y sumamente generosa, agravada por el desdoblamiento funcional entre quien reconoce el derecho a la baja médica —servicios públicos de salud regionales— y quien asume su coste —básicamente las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social—, que además carece de mecanismos de control reales sobre las bajas.
Este deficiente diseño del sistema de cobertura de la prestación por incapacidad temporal ha implosionado con motivo de la pandemia, disparando el déficit de la Seguridad Social en 2020 hasta alcanzar unas pérdidas de 19.839 millones de euros. Sin embargo, la pandemia ha servido de excusa para tapar las graves deficiencias estructurales que arrastra el sistema provisorio de la incapacidad temporal español, obviando que gran parte de la negativa evolución durante la epidemia se ha debido a los fallos diseño del sistema.
Así, según el reciente informe de la Asociación de Mutuas (AMAT), en 2020 se han producido 4.715.203 procesos de baja médica por contingencias comunes, un 20,97% menos que en 2019, mientras que la población media protegida disminuyó un 2,42%. Sin embargo, el gasto en prestaciones económicas se incrementó en un 14,09%, hasta los 9.604,89 millones de euros. ¿Cómo puede ser que habiendo menos procesos el gasto se haya incrementado un 14,09%? Sencillo, debido al extraordinario aumento de la duración de las bajas médicas y, en particular, las de más de 365 días de duración, que han pasado de 32.464 en diciembre de 2019 a 115.071 en el mismo período de 2020, es decir, se han multiplicado por 3,5 el número de procesos de más de un año de duración en 2020 respecto a 2019. Como consecuencia, la duración media de las bajas médicas por contingencias comunes se ha incrementado en un 27,16% con respecto al año anterior.
La causa de este alargamiento de las bajas médicas hay que buscarlas en la paralización de la sanidad pública durante la pandemia, que ha llevado al aumento de las listas de espera, la desprogramación de las intervenciones quirúrgicas, la cancelación de las consultas presenciales, tanto en atención primaria como especializada, y también en la disminución de la actuación supervisora de las inspecciones médicas de los servicios públicos de salud autonómicos y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Solo este último redujo en un 62% el número de actuaciones de control y seguimiento de las bajas médicas en 2020, realizando únicamente 49.970 reconocimientos médicos por parte de los médicos inspectores del INSS antes de los 365 días de duración de la baja, frente a 131.186 del año 2019. Sin embargo, frente a tal paralización de la actividad sanitaria y de gestión por parte de los servicios públicos, las mutuas y la sanidad privada siguieron trabajando con cierta normalidad, adaptando su actuación a las circunstancias provocadas por la pandemia, pero manteniendo la actividad supervisora, las consultas presenciales, los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas.
Para tratar de poner un poco de orden y mesura a las cifras del absentismo, AMAT ha elaborado una serie de propuestas y reformas que generarían un ahorro potencial de alrededor de 4.500 millones de euros en el total de la factura de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Las recetas propuestas consisten en facultar a los médicos de las mutuas para dar el alta en los procesos de baja por contingencias comunes (al menos de las patologías traumatológicas y osteoarticulares) y poder prestar asistencia sanitaria al trabajador simplemente con su consentimiento (sin necesidad de la autorización del servicio público de salud) mediante la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos sanitarios y rehabilitadores.
Como ven, las mutuas no piden nada del otro mundo. Simplemente que les dejen trabajar, proponiendo unas pocas reformas pero manteniendo la estructura del sistema. Hay expertos y thinks tanks más ambiciosos que platean una transformación disruptiva del modelo de protección de la incapacidad temporal y que proponen su desestatalización, devolviendo las primas del seguro de enfermedad y accidentes de trabajo a sus legítimos dueños: empresas y trabajadores. Un modelo que acabaría con el monopolio de la Seguridad Social, al sustituir el sistema de cotización por la contratación de un seguro obligatorio similar al que existe para los vehículos a motor, permitiendo la entrada de la libre competencia en precio y mejoras en las coberturas y bajo la supervisión del correspondiente organismo regulador. En definitiva, hay alternativas al fallido modelo actual, unas consistentes en una reforma "en" el sistema y otras más imaginativas, que abogan por un cambio "del" sistema. En cualquier caso, lo importante es que el abanico de posibles reformas para atajar el descontrol de las bajas médicas es enorme, no tenemos por qué quedarnos anclados en un sistema obsoleto y disfuncional. El absentismo tiene solución