La Institución Futuro, think tank de referencia en Navarra, ha publicado esta semana un estudio en el que pide ampliar la reflexión sobre los salarios al conjunto de la masa laboral, en vez de solamente a los afectados por el salario mínimo. De sobra es conocido que el coste laboral básico está en el centro de la política de trabajo del actual gobierno, pero se está hablando mucho menos de lo que ocurre con la retribución de todos los demás trabajadores.
Desde Institución Futuro recalcan, de hecho, que la idea de llevar el salario mínimo interprofesional hasta los 13.510 euros ha tenido el efecto de rebasar el 60% del salario medio en ocho de nuestras comunidades autónomas (a saber, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Galicia). Por tanto, las continuas revisiones al alza del SMI amenazan especialmente la empleabilidad de los trabajadores menos cualificados de estas regiones y puede generar nuevas bolsas de parados en los próximos años.
Pero el foco del estudio de Institución Futuro está en diferenciar entre la evolución de los salarios del sector público y los del ámbito privado. Según explica dicho think tank, la diferencia a favor de los primeros ya se sitúa, en promedio, en más de 800 euros mensuales. Para ser precisos, la remuneración media que ofrecen las Administraciones Públicas ya sería de 2.654 euros por trabajador, frente a los 1.772 euros del sector privado.
Si nos fijamos en la distribución de los salarios, podemos ver también que el porcentaje de asalariados públicos que cobra más de 2.187 euros mensuales se sitúa en el 61,8%, mientras que ese mismo umbral solo lo rebasa el 22,3% de los ocupados en el sector privado. Por el contrario, los salarios de menos de 1.260 euros son el 35% de los privados, pero solo el 7,9% de los públicos. Esto implica que las revisiones al alza del SMI afectan cuatro veces más al sector privado.
Desde Institución Futuro insisten en que las subidas del SMI afectan desproporcionadamente al sector privado y tienen como efecto reducir la empleabilidad de cientos de miles de trabajadores que, a raíz de estos aumentos, lo tienen mucho más complicado a la hora de mantener su empleo o, sobre todo, entrar en la fuerza laboral desde un escenario de partida desfavorable, sea por falta de experiencia (jóvenes) o por un problema de paro de larga duración (mayores).