Hubo un tiempo en el que los testimonios de desamparados a las que resultaba imposible asumir el pago del recibo de la luz copaban la atención de los medios progresistas. La desesperación de ancianos, mujeres o familias con niños a cargo hacían las delicias de El País o de periodistas comprometidos como el sextario Jordi Évole, que dedicaban decenas de páginas y cientos de minutos televisivos a denunciar sus calamidades. Humildes casas condenadas a la sordidez y la penumbra, gente atribulada con el rostro compungido dando sobrecogedora cuenta de sus penurias... No les faltaba un detalle que exponer sobre los estragos que causaba la "pobreza energética", expresión que no se les caía de la boca.
Entonces gobernaba el PP.
Ahora, con el precio de la luz desbocado y rompiendo por primera vez la escalofriante barrera de los 200 euros el megavatio hora (MWh), los reportajes sociales han desaparecido y el PSOE, Podemos y sus palmeros mediáticos han escondido a los pobres energéticos por los se desvivían cuando se encontraban en la oposición. Ahora, Évole publica tuits en los que ensalza la comida vegana.
En 2016, el chavista Pablo Iglesias hasta pidió un minuto de silencio en el Congreso por los muertos que se cobraba la pobreza energética. En aquel entonces, el coste del megavatio hora era tres veces inferior que ahora que gobierna su partido. Su partido, Podemos, aprovechó la Navidad para lanzar una campaña contra las eléctricas, que "se forran haciendo pasar frío, miedo y sufrimiento a nuestro pueblo". Podemos, sí, no dejaba de prometer que con ellos se acabaría la macabra broma. Porque las eléctricas iban a temblar ante el indomable Iglesias. Palabra de Irene Montero, tan orgullosa de su pareja.
La subida histórica de la luz en el mercado mayorista se debe al elevado precio del gas –por el aumento de la demanda mundial– y de los derechos de emisión de CO2, que tienen que pagar las industrias consideradas contaminantes. Es la demencial obsesión ecologista de Bruselas, compartida por PSOE, Podemos (... y PP), lo que ha disparado los derechos del CO2, que además hacen las veces de impuesto encubierto, cuyos ingresos recauda la Hacienda de cada país. Así que la voraz María Jesús Montero es la primera en frotarse las manos al ver que el Estado está duplicando sus ingresos por este concepto, a costa de esos asfixiados consumidores a los que su Gobierno ha decidido vilmente ignorar.
Y mientras Hacienda engorda sus arcas gracias al funesto fanatismo ecologista, el Gobierno presume de socorrer al contribuyente con una bajada del IVA de la luz del 21 al 10%, que no sólo llega tarde y será temporal, sino que ni siquiera compensará la recaudación que se está disparando por otros conceptos energéticos, como los referidos derechos de emisión del CO2 o el IVA del gas. Si al Gobierno le importara de verdad la pobreza energética, actuaría en la fiscalidad de los productos básicos, que está machacando a las rentas bajas. Por ejemplo, podría reducir el IVA del 21% que soportan ocho millones de hogares en la factura del gas, pero se niega. No cabe más mezquindad y miseria moral que la de estos indeseables, con su obscena utilización de quienes peor lo pasan.
Si al Gobierno le importara la pobreza energética, fomentaría el uso de fuentes de energía económicas y limpias como la nuclear. También podría reforzar la seguridad jurídica de los proyectos energéticos, lo que redundaría en una mayor competencia y unos precios más asequibles. Sin embargo, lo que ha conseguido la incapaz Teresa Ribera con su macroplan eléctrico es que hasta las renovables empiecen a paralizar sus proyectos.
Con un Gobierno anticapitalista, extractivo e incompetente como el de Sánchez, Montero y Ribera, lo lógico es que el precio de la energía se dispare hasta amenazar la viabilidad económica y social del país. Pero no cuenten con Évole el neovegano y sus semejantes para denunciarlo: para ellos los pobres son meros clínex. Mero material desechable.