Parece mentira que una ciudad como Berlín siga confiando su destino político a la izquierda radical, habida cuenta del destrozo que provocó el modelo comunista aplicado desde 1945 hasta 1989 en la mitad este de la capital alemana. Sin embargo, la cruda realidad es que, tras las elecciones municipales celebradas hace unos días, la política local sigue en manos de un tripartito en el que están representados los socialdemócratas pertenecientes al SPD, los ecologistas de la formación denominada Los Verdes y los comunistas del partido conocido como La Izquierda.
Esta semana, numerosos medios han informado de un referéndum que, al hilo de los titulares recogidos en la prensa española, parecería abrir la puerta a la expropiación de cientos de miles de viviendas. En realidad, hay muchos matices que han escapado al análisis de trazo grueso que ya han hecho partidos como Podemos, de modo que merece la pena analizar todo lo que ha pasado en la capital alemana y subrayar los diez motivos por los cuales es una aberración plantear algo así.
1. No es un proceso vinculante.
Sí, es cierto que el 56% de los alemanes se ha manifestado a favor de la propuesta, pero lo cierto es que no hablamos de una Iniciativa Legislativa Popular, sino de una consulta no vinculante que, en la práctica, no significa nada, puesto que no da pie a la aprobación de ninguna iniciativa legislativa ni de ninguna modificación regulatoria, al contrario de lo que sucede en otros procesos de democracia directa como los que se desarrollan en otras democracias como Suiza o Estados Unidos.
2. No está claro que haya mayoría política suficiente.
La propuesta que fue sometida a consulta, y que consiste en expropiar las viviendas de los grupos empresariales que controlen más de 3.000 pisos en la ciudad, deberá ser traducida a un proyecto de ley que deberá lograr el aval del Senado berlinés para convertirse en legislación aplicable. Sin embargo, no está claro que el SPD vaya a respaldar esta medida y, en caso de los socialdemócratas se mantengan al margen, los votos de ecologistas y comunistas serían insuficientes.
3. No parece fácil que la justicia dé "luz verde" a una actuación así.
Incluso en el caso de que el SPD termine aliándose con la extrema izquierda, la Justicia alemana ya se ha pronunciado de forma contundente ante otras intentonas similares del consistorio berlinés. Por ejemplo, este mismo año entró en vigor una ley que pretendía congelar e intervenir el precio del alquiler, pero el Alto Tribunal de Berlín procedió a declarar ilegal la norma. En este sentido, la mayoría de expertos duda de la viabilidad jurídica de una propuesta así, puesto que incluso si se considera que la función social de la vivienda puede justificar una expropiación, no está claro que se den las condiciones económicas de emergencia que afirman los promotores de la iniciativa (ver punto 4) y, además, tampoco parece fácil que la justicia avale un proceso que actuaría solamente sobre determinadas empresas y no sobre el conjunto de los propietarios, puesto que esto generaría un trato asimétrico y discriminatorio. Por otro lado, mientras se tramita una ley así, las empresas afectadas pueden modificar su estructura societaria para fragmentar la titularidad de los activos y evitar que, eventualmente, una norma de este tipo pudiera afectarles.
4. No es cierto que el alquiler esté disparado.
Si revisamos el precio medio del alquiler en Berlín, encontramos que apenas asciende a 7 euros por metro cuadrado. En Barcelona, por ejemplo, este mismo indicador se mueve entre los 13 y los 14 euros. Y todo a pesar de que Alemania es un país de mayor renta per cápita de España. Por tanto, las cifras no avalan la tesis de que la vivienda berlinesa ha alcanzado precios inasumibles por el lado del arriendo.
5. No hay dinero suficiente para afrontar una expropiación masiva.
Los promotores de la iniciativa afirman que pagarán las expropiaciones entregando bonos con décadas de madurez y abonando unos niveles de compensación marcadamente inferiores al valor de mercado de los inmuebles. Sin embargo, la legislación teutona vincula cualquier expropiación al pago de un justiprecio que, en el caso de los activos afectados, implicaría el desembolso de unos 30.000 millones de euros. Un coste a todas luces inasumible para el consistorio.
6. No es un caso extrapolable a España.
En nuestro país, los propietarios de vivienda son, en su gran mayoría, familias particulares. Su cuota de mercado ronda el 95%, de modo que las empresas dedicadas al alquiler tienen un peso mucho menor que en España que en Alemania, donde firmas como Deutsche Wohnen suman 111.000 pisos solamente en Berlín.
7. No toma nota del éxito de Hamburgo.
Mientras que en Berlín vemos que la vivienda se ha sobrecalentado debido a la falta de oferta, en otras capitales germanas ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, los expertos inmobiliarios del país teutón suelen destacar el caso de Hamburgo, que ha contenido las subidas de precio a base de favorecer el aumento de la oferta y crear condiciones menos intervencionistas en el mercado de la vivienda.
8. No está en línea con la tendencia de la izquierda europea.
En Suecia se está estudiando el fin del control de los precios del alquiler, puesto que esta política mantenida durante años ha sido un auténtico fracaso. En Holanda se están planteando rebajas de impuestos pensadas precisamente para beneficiar a los "grandes tenedores de vivienda". En Portugal se han explorado vías similares, puesto que se ha reducido la fiscalidad de aquellos propietarios que reduzcan los precios de los arriendos. Y en todos estos casos, hablamos de gobiernos de izquierdas, de modo que las fuerzas políticas de Berlín que impulsan este tipo de medidas están de espaldas a la tendencia observada en el resto de la izquierda europea.
9. No soluciona el problema de oferta.
Los empresarios promotores de vivienda estiman que el desarrollo de obra nueva enfrenta un escalofriante retraso de doce años. Hay, pues, un atasco burocrático sin parangón que obedece al capricho de un consistorio empeñado en torpedear la inversión inmobiliaria privada, de forma similar a lo que sucedió en Madrid durante los años de gobierno de Manuela Carmena. De modo que, como es lógico, los precios terminan disparándose, puesto que la población de Berlín crece pero el parque de vivienda aumenta de forma lenta e insuficiente.
10. No contribuye a generar seguridad jurídica.
Al hilo del punto 9, es importante recalcar que el clima político que se respira hoy en Berlín es precisamente lo último que necesitan los inversores y los propietarios dispuestos a facilitar la salida de vivienda al mercado. En la medida en que este tipo de propuestas generan riesgo regulatorio e inseguridad jurídica, se sientan las bases para el hundimiento de la inversión privada en obra nueva y también se invita a los propietarios y a las empresas a poner sus pisos en el mercado de compra-venta, en vez de en el de alquiler.