Sorpresa e indignación con el Gobierno entre las renovables. La Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA Renovables, avisó ayer miércoles de que el real decreto aprobado por el Gobierno para rebajar el precio de la luz, con su actual redacción, podría provocar la paralización de aquellas instalaciones con coberturas de precios y contratos privados de compraventa de energía.
"Al entrar en vigor el Real Decreto-ley 17/2021, cientos de plantas en España se verán abocadas a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el período de vigencia de la norma", ha advertido la Asociación a través de un comunicado.
Así, este sector se une al de las nucleares, que también ha alertado de que el gran "plan de choque" energético del Gobierno podría obligarles a clausurar sus plantas. Por tanto, vemos que el Ejecutivo que presume de ecosostenible y amigo del medioambiente estaría abocando al cierre a centenares de empresas de energías limpias.
Un gran número de eólicas y fotovoltaicas podrían ir a la quiebra después de que el Gobierno haya incluido a las empresas que firman contratos bilaterales en el mercado libre entre las que deben devolver sus beneficios al Estado (los llamados PPA).
APPA ha puesto un ejemplo práctico de un "parque eólico que no tiene un marco retributivo y vende su producción en el mercado". Es el siguiente: "Este tipo de proyectos suelen tener del orden del 90% de su producción ya asegurada mediante coberturas y/o contratos a plazo. Si las coberturas se cerraron en el entorno de los 40 €/MWh, algo habitual por los precios que el año pasado marcaban los mercados a futuro y el mercado se mantiene en los 180 €/MWh, como consecuencia de una cotización del gas elevada, se produce una minoración de retribución según el RD-ley 17/2021 y la instalación estará obligada a devolver más de 100 €/MWh. Lo que le produce unas ventas negativas", explican.
En este sentido, APPA ha denunciado que "esto no solo genera un grave efecto retroactivo implícito sobre contratos firmados que llevaría a judicializar el sector, tanto entre empresas como contra el Gobierno, sino incluso a la paralización, por el tiempo que duren estas medidas, de numerosas instalaciones renovables a lo largo de la geografía española". Vemos que este es el resultado se las políticas del Gobierno de la "descarbonización" y de la "transición energética".