Las eléctricas no dan crédito ante el hachazo que el Gobierno ha anunciado a sus cuentas. Ya avanzaba Pedro Sánchez, un día antes de hacerlo oficial, que su "plan de choque" para rebajar la factura de la luz iba a incluir la confiscación de una parte de los beneficios empresariales porque considera que las compañías "se lo pueden permitir".
Al líder del PSOE no le parece aceptable que las eléctricas tengan beneficios en plena crisis energética, por eso, los piensa "redirigir a los consumidores" con algunas medidas que han dejado estupefacto al sector. La estocada de 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo de 2022 es la más "dañina" para los afectados y "para la seguridad jurídica", señalan fuentes implicadas a Libre Mercado.
Así, el Gobierno piensa quedarse con el "exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan", explicó ayer el Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto significa que el dinero va a salir del negocio no contaminante de las eléctricas (no emiten CO2) propietarias de nucleares o hidroeléctricas. Este punto está relacionado con los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profits), que ya hemos desmentido en este periódico.
"Rastrera e hipócrita"
Una vez detraída esa lluvia de millones de sus cuentas, el Ejecutivo destinará el dinero a pagar parte de los costes políticos del recibo de la luz. ¿Y por qué hasta el 31 de marzo de 2022? Se preguntarán. Pues, según el Gobierno, porque cree que entonces el gas habrá bajado de precio (supera los 50 euros). Es el "momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas", señalan.
Fuentes del sector califican de "rastrera e hipócrita" la decisión del Gobierno de penalizar a las energías no contaminantes con el decreto ley que hoy se ha publicado en el BOE mientras, a su vez, abandera su lucha a favor del medioambiente. "Cuando el precio bajaba, no nos hemos quejado. Esto es inconstitucional y ahuyenta la inversión" alerta una compañía, cuyo gabinete jurídico ya está estudiando la legalidad de la norma aprobada, pero prefiere mantenerse en el anonimato.
Mientras tanto, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista volverá a batir otro récord mañana jueves y se disparará hasta los 188,18 euros el megavatio hora (MWh). El precio más caro del día tendrá lugar entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando alcanzará los 198,85 euros, por lo que estaría a punto de romper la barrera insólita de los 200 euros.
Denuncian el "intervencionismo" del Gobierno
Sí se ha pronunciado públicamente la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), que ha manifestado su "contundente rechazo a las medidas anunciadas contra las compañías eléctricas". AELEC denuncia los planes "intervencionistas" del Ejecutivo e insta a Sánchez a "buscar soluciones verdaderamente eficaces, que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada (un tercio del total), y que no penalicen de forma injusta a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables".
La patronal eléctrica destaca los "grandísimos esfuerzos económicos, tanto por la vía de los impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como por la de las inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones de euros este año".Consideran que el recorte a los ingresos de la generación hidráulica y nuclear, justificado en un supuesto incremento de los beneficios por la subida del precio del gas, "es una medida injusta y desacertada" que tiene "un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, algo que puede comprobarse observando el valor en bolsa de las empresas a pesar del encarecimiento de los precios a lo largo de 2021", indican. Desde que el Gobierno anunciara ayer sus planes para abaratar el recibo de la luz, las eléctricas del Ibex se han dejado más de 2.000 millones de euros en bolsa. Tal es la situación de algunos agentes del sector, que las nucleares amenazan con parar sus plantas.
La patronal explica que, "tal y como vienen comunicando trimestralmente a la CNMV, las empresas eléctricas tienen vendida a plazo el 100% de su producción de base (hidráulica, nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 desde hace meses, a unos precios muy inferiores a los del mercado spot. Con estas ventas a plazo se han ido formalizando las ventas a precio fijo de los clientes en mercado libre". Ahora "se les va a imponer una reducción de ingresos de unos 65 €/MWh, que se suman a la minoración de los ingresos derivados de la subida de precios del CO2 (ahora en fase de Proyecto de Ley tramitándose en el Congreso de los Diputados) del entorno de otros 10 €/MWh. Como se puede comprobar, ni las empresas eléctricas se están beneficiando de los precios actuales del pool, ni los ingresos cerrados por las tecnologías hidráulica, nuclear y otra renovable permiten minoraciones de ingresos como los previstos por este Real Decreto-ley y por el Proyecto de Ley de minoración de CO2".
Sobre la obligación de subastar energía, también recogido en el anunciado Real Decreto-ley, la patronal recuerda que "ya se introdujo en 2007, y el resultado fue una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios. Ya pudimos comprobar que esta medida no sirve para bajar los precios ni beneficia a los consumidores de ninguna forma".
"Las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica. Tampoco resulta de utilidad tomar en consideración una supuesta sobreretribución de tecnologías, que no están amortizadas, son claves para la transición energética y, en muchos casos, operan en pérdidas desde hace años", concluyen.
Más medidas
Además, el Gobierno limitará al 4,6% durante un semestre el impacto del coste del gas en la tarifa de último recurso, la que paga el consumidor final, en lugar del 29% previsto. "Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano". Es decir, el Gobierno obligará a las compañías gasistas (Naturgy, Total, Repsol...) a asumir el coste del incremento del gas generando una deuda y un nuevo déficit. Ahora, del gas
Del lado fiscal, se prorroga hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la generación; se reduce desde el 5,1% hasta el 0,5% el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), aunque llama la atención que la rebaja del IVA del 21% al 10% no se prolonga más o se mantenga indefinidamente. En 2022, Hacienda aumentará su caja.