Día tras día, el precio de la luz está marcando nuevos máximos históricos en España. El malestar de empresas y familias sobre esta cuestión es más que evidente y la aprobación del gobierno se está resintiendo significativamente por este empeoramiento en el coste de acceso a un suministro esencial, pero ¿qué sabemos de los costes y los precios y cómo podemos mitigar el problema?
Esa es precisamente la pregunta que se ha hecho Fedea y que el think tank pretende responder con un estudio firmado por Diego Rodríguez, experto del CSIC. El autor recalca que, "las razones del crecimiento del precio de mercado en estos últimos meses son claras y conocidas, a saber, el aumento del precio del gas y el repunte del precio de los derechos de emisión de CO2. En el primer caso, mientras que en un año normal el precio del gas natural en España se sitúa en una banda de 15-20 €/MWh (de gas), en la actualidad ese precio ronda los 55 €/MWh, un nivel históricamente alto solo alcanzado muy puntualmente durante algún fenómeno meteorológico adverso, por ejemplo, la tormenta Filomena a comienzos de 2021. A ello se une que el precio de los derechos de emisión de CO2 supera actualmente los 60 euros por tonelada de CO2".
Pero, al margen de los precios de mercado, hay otros costes incluidos en la factura de la luz. Para empezar, "separa también por los costes de la red. Además, también se integran otros gastos que provienen de decisiones de política energética. En 2021, estos costes regulados ascendieron a 9.500 millones de euros, que se distribuyen entre los consumidores a través de los llamados cargos. Por último, hay dos impuestos que se cobran "en cascada". Primero el Impuesto Especial de la Electricidad, con un tipo del 5,1%, y después, sobre la cuantía incrementada por dicho gravamen, se cobra un IVA que acostumbra a ser del 21% pero provisionalmente tiene un tipo reducido del 10% para el consumidor doméstico. No obstante, el consumidor también paga el impuesto de generación del 7%, aunque no sea el sujeto pasivo del mismo, puesto que, para las empresas del sector, este es un coste más que se incorpora a los precios, si bien este tributo se encuentra temporalmente suspendido".
Según Fedea, simulando el consumo tipo de un español promedio, el 18% del gasto se va a peajes y el 18,8% a cargos, mientras que los impuestos suman otro 13,5% y el alquiler y margen suponen el 2,7%. Esto significa que el precio de mercado es el 47% del coste final soportado por los consumidores, mientras que toda la parte política explica el 53% de la factura. Eso sí: con el IVA en el tipo que se venía aplicando a los hogares y que se sigue cobrando en el mercado mayorista, el peso de los impuestos subiría al 21,3%, elevando más aún el precio de la parte política en el recibo (rondaría el 61%).
Medidas de mejora
Partiendo de este diagnóstico, el experto del CSIC plantea ocho reflexiones para mejorar la situación:
1. En relación con el coste regulado de la red eléctrica, considera que no hay margen para rebajar tales peajes sin generar un déficit en el sistema.
2. Sobre los costes regulados de las renovables, se plantea un ajuste muy significativo a la baja de las primas asignadas, aunque esta revisión solo se podrá acometer en 2023.
3. Propone trasladar a los Presupuestos Generales el 50% de los sobrecostes de generación, a la espera de la desaparición de la "deuda eléctrica", prevista para 2025.
4. Plantea eliminar el impuesto de generación del 7%, sobre todo porque los derechos de emisión de CO2 siguen encareciéndose y, de lo contrario, se generarán costes aún más inflados.
5. Defiende una reducción de hasta un 90% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que no puede ser abolido completamente por la imposición mínima que exige la normativa europea.
6. Sostiene que reducir el IVA al 10% para los hogares puede ser una ayuda deseable en cuanto a precio, pero no en cuanto a la necesaria neutralidad del tratamiento fiscal de la energía.
7. Plantea que, ante los llamados "beneficios sobrevenidos" o "windfall profits", no deben introducirse medidas intervencionistas que distorsionen los incentivos para seguir invirtiendo en el sector.
8. Sugiere la modificación de las concesiones hidroeléctricas, con plazos más cortos y condiciones regulatorias más asequibles.