Las eléctricas deberán devolver temporalmente los beneficios "extra" que están obteniendo en el mercado eléctrico mayorista (pool) como consecuencia de los altos precios internacionales del gas. Según estimaciones del Gobierno, el rejonazo a las compañías supondrá unos 2.600 millones de euros. Tal y como justificó ayer lunes Pedro Sánchez, el Gobierno piensa confiscar los beneficios de las eléctricas porque estas "se lo pueden permitir".
Esta medida, que se aplicará hasta el 31 de marzo de 2022 (cuando prevén que los precios gasistas comenzarán a bajar) y cuyos ingresos se destinarán a reducir la factura eléctrica, forma parte del "plan de choque" aprobado por el Consejo de Ministros vía real decreto-ley ante el subidón de la luz, que desde julio se encuentra en máximos históricos.
Las instalaciones afectadas por esta media son nucleares, hidráulicas y renovables a mercado (aquellas que no reciben primas ni han participado en subastas), salvo aquellas con capacidades instaladas de menos de 10 megavatios (MW).
El Gobierno aprueba un #PlanDeChoque para rebajar el precio de la electricidad.
🔸Se impulsan medidas generales, para todos los consumidores, y específicas, para ciertos colectivos.
Objetivo ➡️ que la factura final de la energía en este 2021 esté en el mismo nivel que en 2018 pic.twitter.com/YWzdu1sxhi
— La Moncloa (@desdelamoncloa) September 14, 2021
"Las medidas suponen una rebaja de la factura para el consumidor medio del 22% hasta final de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta el 30% cuando sumamos el efecto de la congelación fiscal que aprobó el pasado julio", ha dicho la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En toda la Unión Europea, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras casar la oferta de los productores con la demanda prevista por Red Eléctrica y mediante un sistema marginalista que implica que la última central en entrar (generalmente la más cara) sea la que marque el precio al que serán retribuidas todas las que aporten energía en esa hora, independientemente de su estructura de costes variables.
Devolverán hasta el 90% del beneficio
El objetivo es que las empresas devuelvan hasta el 90% de esos beneficios extraordinarios, sobrevenidos. La fórmula de cálculo establece un "suelo" a partir cual no se aplicará el sistema: cuando el precio del megavatio hora en el mercado organizado del gas español (MIBGAS) sea de 20 euros o menos, y las compañías deberán ingresar los beneficios a mes vencido en unas cuentas que creará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Esta medida se adelanta a una de similares características, actualmente en tramitación parlamentaria, y que hará que hidráulicas, nucleares y eólicas de antes de 2003 vean minorados los beneficios que obtienen por no emitir CO2.
Según la mismas fuentes, no contraviene la normativa comunitaria, en tanto en cuanto es temporal, no afecta al funcionamiento del mercado y su aplicación está justificada por la urgente necesidad ante el encarecimiento del gas.
Se modifica la ley de aguas
Por otro lado, el real decreto-ley modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden y evitar "súbitos" desembalses como los registrados este verano en algunas cuencas.
Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3 , tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.
Congelación de impuestos
El Gobierno ha decidido rebajar hasta final de año el impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5% que grava el recibo de la luz de hogares y empresas y que cobran las autonomías, que podrán ser compensadas por ello en caso de que afecte a su financiación.
Además, el Ejecutivo ha ampliado también hasta final de año la suspensión del impuesto a la generación (7%), que pagan las productoras, aprobada en junio, cuando también rebajó el IVA que graba el recibo de la luz del 21 al 10% para los usuarios de hasta 10 kilovatios (kW) de potencia contratada hasta el 31 de diciembre (fecha que no se ha modificado).
Obligadas a subastar energía
Así, los grupos empresariales dominantes (Endesa, Ibedrola, Naturgy y EDP) estarán obligadas a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota de mercado y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.
El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP (que podrán rechazar ofertas por debajo de un precio que establecerá la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) ofertarán 15.830 gigavatios (GWh), el equivalente al 6,3 % de la demanda eléctrica nacional de 2020.
La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%, han explicado desde Transición, que han apuntado que las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.