A Sánchez le ha faltado entonar su particular "¡exprópiese!" contra las centrales eléctricas, tal y como hiciera Hugo Chávez contra todo particular o empresa que no se plegara a sus deseos. Aun así, no les falta razón a los chavistas de Podemos cuando reivindican como propia la disparatada y demagógica iniciativa del Ejecutivo de abaratar el precio de la luz mediante una confiscación de los beneficios de las eléctricas por un importe cifrado en unos 2.600 millones de euros. Y es que, lejos de aceptar de que estamos ante la crisis de un modelo basado en unas demenciales restricciones regulatorias a la producción de energía, por culpa de un ecologismo intoxicador y apocalíptico, y en una presión fiscal que encarece enormemente la producción y el consumo de la energía, el Gobierno tiene la desfachatez de señalar a los más que ajustados beneficios de las eléctricas, como si estas fueran las responsables del histórico y desbocado aumento del precio de la electricidad.
El Gobierno del socialista Sánchez y sus socios chavistas de Podemos, que tanta crítica demagógica aventaron contra el último Gobierno del PP por unas subidas de la luz mucho menores que las que se están registrando ahora, teme por el coste electoral que le pueda suponer. Sin embargo, proponer como solución medidas confiscatorias que, además de ser de más que dudosa legalidad, ponen el foco en el lugar incorrecto solo puede tener efectos contraproducentes que se traduzcan en un frenazo a la competitividad y en una funesta reducción de la inversión.
Por lo pronto, el Foro Nuclear, la patronal liderada por Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, ha advertido del riesgo de tener que cerrar todas las centrales nucleares, pues el proyecto de ley social-comunista convierte en papel mojado lo pactado en las autorizaciones de explotación; un acuerdo que tenía en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional.
Si el Gobierno quiere hacer frente a las escandalosas subidas del precio de la luz, que liberalice el mercado energético y renuncie a la descomunal mordida fiscal que el Estado impone en la factura. Los impuestos camuflados que constituyen los costes regulados de los peajes de acceso, junto con el IVA y el impuesto especial a la generación de electricidad, constituyen el 65% de la factura. La reducción que se ha llevado a cabo últimamente en estos dos impuestos es insuficiente y temporal.
Lo que hay que aceptar de una vez es que las subvenciones a la mal llamada energía verde y la fobia irracional a una energía limpia y barata como la nuclear tienen un coste brutal. Más aun cuando seguimos pagando la factura de experimentos verdes del pasado que hacían irreconciliable la economía con la ecología.
Es el insensato modelo energético impuesto por el Estado, y no un supuesto desmedido afán de lucro de unas empresas eléctricas que no pueden sino someterse a dicho modelo, lo que hace que el precio de la luz esté batiendo récords prácticamente a diario. Creer que se puede reducir la factura por la vía de confiscar beneficios a quienes se dedican a producir energía es un error monumental que pagaremos aún más caro.