La Unión Europea tiene un objetivo claro sobre la emisión de gases contaminantes: llegar a 0 en el año 2050. Para ello, quieren utilizar la regulación a su disposición y comenzar a modificar los hábitos y las compras de los europeos. Una de las grandes aspiraciones de Bruselas es conseguir que, para el año 2035, no se puedan vender coches de combustión interna en ninguno de los 27 países que conforman la Eurozona. Esto no solamente afecta a los vehículos de diésel y gasolina, sino que también repercute en los híbridos y en los de gas. Por tanto, a priori, los únicos coches que se podrán vender como vehículos nuevos dentro de 14 años serán los eléctricos.
Sin embargo, por el momento esto es solo una aspiración de la Comisión Europea, que todavía no ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. Es más, este último paso se vislumbra complejo por las modificaciones y excepciones que quieren añadir los diferentes países. El primero que ya está moviéndose para que la prohibición no afecte a todas las marcas y a todos los vehículos es Italia. Según Bloomberg, Mario Draghi, primer ministro del país transalpino, está negociando con la Comisión unos plazos más flexibles para las marcas de alta gama, que en su mayoría son italianas.
El argumento que emplean desde Italia es que el proceso de fabricación y la propia estructura productiva de las empresas automovilísticas son diferentes. Es decir, no es lo mismo la producción que puede tener una marca como Peugeot, que saca al mercado miles de coches nuevos al año, que Ferrari, que saca muchos menos. De hecho, solo se venden 16.000 Ferraris en todo el mundo cada año. Además, el proceso de fabricación y la salida al mercado de nuevos modelos es muy diferente. Las marcas estándar fabrican más rápido y se pueden adaptar mejor a la norma.
Sin embargo, desde Lamborghini ya han asegurado que no necesitan la protección que quiere conseguir el Gobierno de Draghui, ya que están preparados para adaptarse a la normativa europea, en el caso de que logre ser aprobada en el Parlamento. El resto de marcas no se ha pronunciado por el momento, pero la intención del Ejecutivo es que estas firmas de alta gama cuenten con mayor plazo para adaptarse o se les conceda algún tipo de exención.