La tesis de Ximo Puig es sencilla y, a primera vista, parece coherente. "Si Madrid elimina el Impuesto sobre el Patrimonio, entonces los contribuyentes más ricos de la Comunidad Valenciana se trasladan a dicha región y, como resultado, la recaudación se resiente", ha venido a decir el presidente autonómico socialista en sus distintas acometidas contra el modelo de impuestos bajos que ha implantado Isabel Díaz Ayuso.
Pero lo cierto es que la realidad es mucho más compleja de lo que hace ver Ximo Puig cada vez que toca estas cuestiones. Por ejemplo, esta semana se ha publicado el informe anual que la Agencia Tributaria dedica a los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio y, con los datos encima de la mano, muchos de los argumentos de Puig se caen.
Por ejemplo, aunque el presidente socialista quiere hacer ver que cada vez más fortunas se van a Madrid, lo cierto es que el número de declarantes por este impuesto lleva años creciendo de forma ininterrumpida en la Comunidad Valenciana: 18.852 en 2014, 19.616 en 2015, 22.105 en 2016, 22.516 en 2017, 22.702 en 2018 y 23.291 en 2019, último año con datos disponibles.
Este informe también tumba las quejas de Cataluña sobre esta cuestión, puesto que su base de declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio ha pasado de 71.156 en 2014 a 72.716 en 2015, 74.125 en 2016, 75.801 en 2017, 77.397 en 2018 y 77.615 en 2019. De modo que, tanto en el caso de la Comunidad Valenciana como en el de Cataluña, los datos muestran que el número de ricos va a más y no hay evidencia del pretendido trasvase masivo a Madrid.
Incluso podemos fijarnos en Andalucía, donde el anterior gobierno socialista de Susana Díaz venía haciendo afirmaciones similares, y encontramos una historia muy parecida. En concreto, su base de declarantes por el Impuesto sobre el Patrimonio pasa de 17.884 en 2014 a 17.700 en 2015, 18.253 en 2016, 18.482 en 2017, 18.380 en 2018 y 18.722 en 2019, de nuevo arrojando una clara muestra ascendente en la región que hoy gobierna el popular Juanma Moreno.
¿Y Madrid? Sus datos también arrojan una senda creciente entre 2014 y 2019, pasando de 16.670 declarantes en 2014 a 16.977 en 2015, 17.757 en 2016, 18.132 en 2017, 18.587 en 2018 y 19.090 en 2019. En total, una mejora de 2.420 contribuyentes, frente a la subida de 838 declarantes en Andalucía, 4.439 en Comunidad Valenciana y 6.459 en Cataluña.
Dicho de otro modo: aunque la base total de contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio registrados en las cuatro grandes comunidades se ha incrementado en 14.156 declarantes entre 2014 y 2019, el aumento de Madrid es de 2.420, de modo que solamente supone el 17% del total acumulado en estos territorios.
Se cae, por tanto, la tesis que presenta a Madrid como una autonomía que drena de recursos fiscales a las demás. En realidad, el saldo que arroja Patrimonio es positivo en todas las regiones que, en un momento u otro, han participado de este tipo de críticas al modelo de impuestos bajos que implantó Esperanza Aguirre y hoy lidera Isabel Díaz Ayuso.
Es más: la Agencia Tributaria Valenciana también ha dado a conocer los resultados de sus investigaciones sobre posibles traslados ficticios de contribuyentes que seguirían viviendo en la región, pero afirmarían hacerlo en Madrid por motivos fiscales y, según tales pesquisas, solo se han abierto 22 expedientes por presunto fraude en los ejercicios 2017, 2018 y 2019, lo que significa que los patrimonios que podrían incurrir en este tipo de malas prácticas son apenas el 0,03% del total de valencianos que pagan este tributo.
Así pues, parece evidente que los motivos por los que Madrid mantiene una fiscalidad reducida no son, en absoluto, los que plantea Puig. En realidad, el Impuesto sobre el Patrimonio es una anomalía española que no replica ningún otro país de la Unión Europea y que tiene efectos depresivos sobre la inversión, la productividad, los salarios y el empleo. De modo que mantenerlo a cero es la manera más sensata de mejorar la competitividad fiscal y generar crecimiento y riqueza.