Canon eólico, impuesto sobre las estancias turísticas, sobre los grandes almacenes, sobre los premios del bingo... la creatividad recaudatoria de los presidentes regionales no tiene límites y el mejor ejemplo de ello son los llamados impuestos propios autonómicos.
La ley permite a las CCAA inventarse todo tipo de impuestos a través de esta tributación propia, que trae de cabeza a los contribuyentes de buena parte de las regiones. Prácticamente, todos los años se introducen nuevas figuras y en raras ocasiones los políticos eliminan las ya existentes. De hecho, cuando alguno de estos impuestos desaparece suele ser porque ha sido declarado inconstitucional por la Justicia, ya que tienen cuatro limitaciones:
- No pueden establecer tributos sobre hechos ya gravados por las Corporaciones Locales.
- No pueden gravar negocios, actos o hechos producidos en otra CCAA.
- No pueden suponer un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías o servicios.
- No pueden establecer impuestos que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado.
A partir de aquí, las regiones tienen barra libre para exprimir al contribuyente con todo tipo de tasas. Según el último informe del REAF (el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas), las comunidades autónomas tienen aprobados 85 de estos tributos, aunque algunos se encuentran suspendidos en los tribunales.
Madrid, la primera en enterrarlos
La semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que su autonomía iba a ser la primera de España en eliminar todos los impuestos propios. La noticia tenía un carácter simbólico, ya que, a día de hoy, Madrid es de las autonomías con menos tributos activos de este tipo. En concreto, esta comunidad autónoma sólo tiene en vigor dos: el impuesto sobre depósito de residuos y el impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería.
Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, los ingresos por estos impuestos apenas suponen el 0,02% de la recaudación total, es decir, 0,7 euros por habitante frente a una recaudación total de 3.415 euros por contribuyente. En 2020, la región recaudó apenas 3,4 millones de euros por estos tributos.
El consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, ha sido el principal impulsor de poner el contador a 0 de los impuestos propios que quedaban en la región, así como de la que será la mayor rebaja del IRPF en la historia de Madrid (medio punto en todos los tramos). Esta rebaja de gran calado beneficiará a más de tres millones de contribuyentes y proporcionará un ahorro a todos los madrileños cercano a los 300 millones de euros. El ala económica de la región se ha propuesto bajar medio punto el IRPF en todos los tramos.
Las CCAA que más recaudan
Pero mientras que la recaudación por impuestos propios ya era mínima en Madrid, regiones como Cataluña, Valencia o Canarias son las que más engordan sus arcas año a año gracias a estos tributos. Por ejemplo, como se observa en la tabla, Cataluña ingresa más de 600 millones de euros con su fiscalidad propia; Canarias, casi 500 millones y Valencia, casi 400 millones. En total, las CCAA recaudaron en 2019 (último año con cifras disponibles) 2.428 millones de euros.
Sin embargo, si tenemos en cuenta la recaudación de impuestos propios por habitante son Canarias y Baleares las que más ingresos extraen de sus contribuyentes, con cerca de 200 euros por persona.
En la actualidad, Cataluña cuenta con 19 impuestos propios (4 de ellos declarados inconstitucionales), por lo que es la autonomía con mayor número de tributos. Baleares y Valencia son los dos territorios que se han sacado de la manga nuevos tributos propios este año. Así, Baleares ha creado el canon sobre el vertido y la incineración de residuos y Valencia, el impuesto sobre las viviendas vacías.
Del total de todos los ingresos por impuestos propios de las CCAA, el 65% procede de impuestos ambientales, siendo el agua la materia imponible sobre la que más se recauda, el 54,1%, seguido a gran distancia por los impuestos sobre los recursos (9%), las emisiones (3,4%) y los residuos (1,9%).
Esta es la maraña tributaria de las regiones que más recaudan:
Cataluña: canon del agua, canon sobre la deposición controlada de residuos municipales, canon sobre la deposición controlada de residuos industriales, canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción, canon sobre la incineración de residuos municipales, gravamen de protección civil, impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (declarado inconstitucional), impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria, impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear (declarado inconstitucional), impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión de la cultura digital (declarado inconstitucional), impuesto sobre las viviendas vacías, impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos (declarado inconstitucional por STC43/2019, de 27 de marzo), impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas e impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.
Canarias: canon de vertido, impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo, impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades (sin efectos desde el 1 de enero de 2014), impuesto sobre los depósitos de clientes de las entidades de crédito (sin efectos desde el 1 de enero de 2013) e impuesto sobre las Labores del Tabaco.
Comunidad Valenciana: canon de saneamiento, impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente, impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética, impuesto sobre viviendas vacías e impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito (declarado inconstitucional).