En el año 2020 se aprobaron en España 793 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supuso un aumento del 22,4% con respecto a los datos del curso 2019. Parte importante del repunte se explica por la proliferación de "decretazos" con que el gobierno de Pedro Sánchez reguló su agenda sanitaria frente a la covid-19.
Si repasamos la evolución en los últimos años, podemos ver que la tendencia en el número de normas estatales aprobadas en España es claramente alcista: 436 en 2016, 517 en 2017, 588 en 2019, 648 en 2020 y 793 en 2021. Pero la acumulación regulatoria no es cosa reciente, sino que viene de mucho más atrás: desde 1977 hasta 2020 se han aprobado en nuestro país un total de 36.649 normas estatales.
Pero el gobierno de Pedro Sánchez no solo no se plantea evaluar o replantear parte de este acervo normativo, sino que se ha fijado como objetivo explícito el sacar adelante en los cuatro próximos meses (septiembre-diciembre) un total de 144 nuevas leyes y normas, de las cuales 50 están ligadas al Plan de Rescate pactado con las autoridades europeas.
Así lo recoge el Plan Anual Normativo 2021, un documento en el que se desglosa el rango de las distintas propuestas pendientes de aprobación, con 6 proyectos de ley orgánica, 28 de ley y 110 de Real Decreto. Por ministerio, el de Agricultura, el de Seguridad Social y el de Transición Ecológica concentran el grueso de los desarrollos, con un total de 18, 14 y 16 cambios previstos.
La evaluación de resultados brilla por su ausencia. Según identifica el propio documento, "el Plan Normativo ha de identificar aquellas iniciativas normativas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación". Pues bien, conforme a los datos aportados por los diferentes Ministerios, apenas hay un total de 21 proyectos normativos en los que está prevista la evaluación ex post de los resultados que arroje su aplicación, lo que supone un mísero 15% del total.
Entre las leyes y normas que se van a discutir está la "contrarreforma laboral" que prepara la ministra Yolanda Díaz o la regulación con la que PSOE y Podemos pretenden intervenir el mercado de la vivienda. De modo que los agentes económicos pueden empezar a prepararse para un auténtico "tsunami" regulatorio en el que abundarán las medidas económicas de corte socialista y comunista, reforzando más aún la intensa presión normativa que soporta el sector privado.