Berlín sorprendió al mundo en 2019 cuando decidió regular los precios de los alquileres de una manera drástica. La norma implementada en Berlín implica que, en todos aquellos apartamentos construidos antes de 2014, los precios del alquiler quedaron "congelados" de acuerdo con los precios vigentes el 18 de junio de 2019. Pero no solo eso: aquellos arrendatarios que aprecian que el coste de su arriendo es "excesivo" tienen canales institucionales para denunciar tal situación y, en algunos casos, forzar una rebaja. A pesar de que el Tribunal Constitucional germano declaró ilegal esta medida el pasado 15 de abril, en Berlín continúan apostando por acotar la libertad y apostar por un modelo más restrictivo.
El próximo 26 de septiembre los berlineses tienen una especial cita en las urnas, al igual que el resto de los alemanes. Solo que, en el caso de los habitantes de la capital, también tendrán que elegir mediante referéndum si quieren que el Ayuntamiento de la capital expropie 240.000 viviendas a los grandes propietarios. Aunque, afortunadamente, la pregunta no es vinculante, sí que forzará un debate entre las fuerzas políticas que conformen el nuevo gobierno de la ciudad.
El precio del arrendamiento ha subido un 43% en los últimos cinco años y los inquilinos culpan a los grandes propietarios de esta subida. Por eso, los movimientos sociales de izquierdas apuestan por esta expropiación para que esos 240.000 domicilios pasen a manos públicas. Sin embargo, el coste de la expropiación podría elevarse a los 36.000 millones de euros, ya que sería la cantidad que el Ayuntamiento debería abonar a los propietarios de las viviendas. Esta propuesta ha ido ganando cada vez más fuerza después de que se declarase ilegal el control de precios aprobado en 2019.
Fracaso del control de precios
La oferta de vivienda para alquiler se desplomó tras la aprobación de la medida. Al mismo tiempo que en el resto de las urbes alemanas se seguían dando los niveles habituales, en Berlín se produjo una primera caída del 20% desde que empezó a discutirse la posibilidad de regular los precios y se ha dado un descenso adicional del 40% en cuanto han entrado en vigor las restricciones. Esto significa que, por cada 10 pisos de alquiler disponibles en 2017, hoy apenas salen 4 al mercado.
En España
En nuestro país, son varias las autonomías que piden un control de precios del alquiler. De hecho, Unidas Podemos quiere incluirlo en la nueva Ley de Vivienda que prepara el Ejecutivo. En el caso de Baleares, en marzo se produjo un movimiento similar al que quiere dar la capital alemana. El gobierno de las islas aprobó la expropiación de 56 inmuebles por 1,8 millones de euros para destinar las viviendas a alquiler social.