Parece que Isabel Díaz Ayuso está decidida a cumplir más pronto que tarde sus promesas electorales. Buen ejemplo de ello es el anuncio de que la Comunidad de Madrid eliminará todos los impuestos propios. Gracias a esta iniciativa de la presidenta y su consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, Madrid será la única autonomía que elimina todos los impuestos propios.
Madrid lleva años transitando la exitosa senda de la reducción, bonificación o erradicación de impuestos, y los tributos autonómicos que quedaban por suprimir eran el impuesto sobre depósitos de residuos, el que pena la instalación de máquinas recreativas en la hostelería y un recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas que no operaba desde 2009. Además, Ayuso ha anunciado que en los próximos meses llevará a la Asamblea regional su propuesta para la rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, que espera se apruebe antes de fin de año y se aplique en 2022.
Aunque no faltarán quienes vuelvan a acusar a Madrid de practicar dumping fiscal o competencia desleal, lo cierto es que se trata de una burda patraña, por cuanto las comunidades de régimen fiscal común tienen a su alcance la misma posibilidad legal de erradicar todos los tributos propios. Cosa distinta es que haya dirigentes autonómicos que prefieran dar rienda suelta a su voracidad fiscal o a sus costosísimos delirios identitarios, tal y como es el caso de los de Cataluña, donde los ciudadanos soportan hasta quince impuestos locales.
Lo cierto es que la política de menor regulación y presión fiscal no sólo está haciendo de Madrid el motor económico de España, sino que está logrando que el Gabinete Ayuso recaude más gracias a su política de liberalización económica. Dicho de otro modo: Madrid es donde los ciudadanos pagan menos impuestos y, al mismo tiempo, la comunidad que más recauda y más aporta a la caja común. Para colmo, es un ejemplo insuperable de lo bien que les va a los ciudadanos cuando el Partido Popular y Vox, en lugar de tirarse los trastos a la cabeza, mantienen buenas relaciones en beneficio de la constitución de una auténtica alternativa liberal-conservadora al consenso socialdemócrata.
Confiemos en que esta colaboración y esta apuesta por las políticas basadas en el respeto a la libertad individual y a la propiedad privada se extiendan al resto de comunidades y municipios gobernados por PP y Vox. Esa es, sin duda, el mejor camino para desalojar a los social-comunistas del Gobierno de la Nación.