No ha habido sorpresas, ni nadie las esperaba. El Gobierno pactó con los llamados "agentes sociales" una reforma de las pensiones a comienzos del verano y este martes aprobaba el "Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones" que recoge aquel acuerdo (en los primeros días de julio ya se había aprobado la tramitación del anteproyecto por vía de urgencia).
Hablamos de "reforma" aunque en realidad es una palabra que se antoja excesiva para lo presentado. Apenas unos pocos ajustes en lo que tiene que ver con la jubilación anticipada o demorada, un par de medidas que son más una "contra-reforma" (deshacen algunas de las medidas de contención de gasto planteadas en 2013) y patada a seguir en los aspectos más polémicos, que se fían a una posterior negociación con los sindicatos que se prevé complicada.
Las siguientes son las preguntas más importantes de lo aprobado este martes:
- ¿Es esto lo que pidió el Pacto de Toledo en otoño de 2020?: Sí.
Otra cuestión es si esto es lo que necesitamos. El Pacto de Toledo hizo lo que lleva haciendo desde hace dos décadas, pedir pensiones más altas para los pensionistas actuales, orillar las cuestiones más complicadas y mantener la estructura del sistema tal cual, sin ningún cambio en su diseño. Eso es lo que pactaron Gobierno, sindicatos y patronal a comienzos del verano y eso es lo que incluye ahora el Proyecto de Ley.
- ¿Es verdad que, como dijo ayer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, "a partir de ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse de su pensión"? No.
Rodríguez aseguró que esta reforma dará "tranquilidad de los pensionistas de hoy y mañana". Lo dice por el cambio más publicitado por el Gobierno: la revalorización anual de las pensiones de los ya jubilados conforme a la inflación media del año anterior (con el añadido de que, en caso de IPC negativo, se mantendrá la cuantía).
La fórmula cambia ligeramente: ya no se revalorizan las pensiones con la inflación prevista para el año siguiente, sino con la media de la inflación real soportada en el año anterior. Es un pequeño ajuste, pero que tiene sus implicaciones, porque lo habitual era que cuando el Gobierno se equivocaba al alza en su previsión de inflación (que al final era inferior a la prevista), no se hacía el ajuste a la baja y los pensionistas ganaban algo de poder adquisitivo.
Dicho esto, lo de la preocupación de los pensionistas puede verse de muchas maneras. Es verdad que la norma ahora dice que la revalorización es automática y ligada al IPC medio (nos olvidamos para siempre del índice de la reforma de 2013). Pero las pensiones no se pagan porque el BOE lo diga, sino porque haya dinero en caja. A los pensionistas griegos no les recortaron las pensiones entre 2010 y 2015 porque una década antes sus gobiernos así lo hubieran decidido en un Proyecto de Ley. Sus leyes también decían que sus pensiones estaban garantizadas. Pero cuando se terminó el dinero... hubo que hacer ajustes muy dolorosos.
La tranquilidad de los pensionistas debería depender más de su confianza en la solvencia del Reino de España que de lo que digan las leyes: porque las pensiones las pagan los trabajadores del presente, no hay ahorro ni ningún activo que respalde esos "derechos". ¿Refuerza esta reforma esa solvencia? Ésa es la pregunta más importante.
- ¿Mejoran las condiciones de la jubilación anticipada? No, ni mucho menos.
En este enlace, la noticia que publicamos en abril, cuando José Luis Escrivá presentó por primera vez las nuevas fórmulas de cálculo de la pensión de aquellos que se retiren antes de la edad legal.
Como explicábamos entonces, las nuevas tablas con los coeficientes reductores pueden llevar a confusión. No porque estén mal o porque sea un cambio negativo; desde un punto de vista técnico tiene sentido esta modificación, que hace que los coeficientes pasen a ser mensuales. La idea es dar más "flexibilidad" en esta decisión y, sobre todo, empujar a que el trabajador decida mantenerse en su puesto casi sin notarlo: jubilarse 24 meses antes de lo que le toca será muy costoso (más incluso que en la actualidad) por lo que la tendencia será a mantenerse trabajando. Y una vez tomada esa decisión, ¿por qué no un mes más? ¿Y luego otro? Y así hasta la edad legal. Al menos, ése es el objetivo del ministro.
Pero, cuidado, en lo que tiene que ver con la jubilación anticipada voluntaria, lo más importante no es eso. Lo relevante es que "los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora". Para los que más cotizan, los que tuvieran derecho a una pensión teórica por encima de la pensión máxima, es un cambio fundamental: la jubilación anticipada, a la que podían acceder hasta ahora con un recorte pequeño respecto a su pensión (aunque con un recorte muy importante respecto a su cotización; aquí la explicación detallada), deja de ser una opción tan atractiva.
Ese premio que se habían ganado (en realidad era un castigo... pero un castigo un poco menos perjudicial que para otros) ya lo han perdido.
- ¿Saldrá más rentable la jubilación demorada?: Sí, pero tampoco demasiado.
Lo más novedoso en este punto es esa cantidad a tanto alzado que sustituye al incremento de la prestación mensual. Eso sí, el sistema es voluntario y es el trabajador el que decide si coge esa cantidad, si mantiene el 4% extra en la pensión como hasta ahora o si opta por una opción mixta.
Según los cálculos que hicimos en su momento, cuando Escrivá planteó esta propuesta por primera vez, el pago único máximo, para los que más hayan cotizado, podría ser de unos 12.000 euros por cada año extra trabajado. Recordemos que esa cifra se recibe una vez, al jubilarse, e implica renunciar al 4% de subida en la prestación. ¿Es mejor 12.000 euros de una vez o una pensión un 4% más elevada todos los meses? Pues esto dependerá de las preferencias de cada uno. Para la Seguridad Social, ¿es rentable desde un punto de vista financiero? Nos imaginamos que habrán hecho los cálculos y habrán llegado a la conclusión de que sí lo es (o al menos, es una medida neutra). De nuevo, estamos ante otro de esos empujoncitos que tan de moda están: sin obligarnos a nada, nos incentivan en una dirección determinada, en este caso la de la jubilación demorada.
- ¿Esta reforma "refuerza la estructura de ingresos" de la Seguridad Social, como asegura el Gobierno? No, en nada.
Lo que hace es optar por lo fácil, el trilerismo presupuestario. El Estado incrementará sus transferencias a la Seguridad Social y se enmascarará de esta manera el déficit de las pensiones. Es la no-reforma. Pero no hay recortes reales en ninguna partida. Lo que antes se pagaba... se seguirá pagando, con impuestos en vez de cotizaciones (que son otro impuesto) o deuda de la Seguridad Social con el Estado (que no se iba a saldar nunca). Pero el obligado final al mantenimiento del sistema, el Reino de España, es el mismo. La bolita cambia de vaso, pero el truco no debe hacernos olvidar lo importante: los gastos y los ingresos siguen en el mismo punto que antes, con el único cambio de lo que se refiere a las jubilaciones anticipadas y demoradas.
- ¿Y qué pasa con el factor de sostenibilidad?: se deroga... por ahora.
Desde que en la reforma de 2013, el PP aprobase el Factor de Sostenibilidad, los sindicatos y el PSOE lo han tenido en su punto de mira. Se convirtió, junto al Índice de Revalorización, en la diana de sus ataques, el ejemplo perfecto de la maldad de la derecha, que quería recortar las pensiones y se ocultaba tras un indicador técnico para hacerlo.
Entonces, ¿nos olvidamos de los mecanismos de ajuste en función de la esperanza de vida o de la situación financiera del sistema? No tan deprisa. En realidad, el Gobierno y los sindicatos ya han anunciado que seguirán negociando a lo largo del otoño para la introducción de un "nuevo mecanismo de equidad intergeneracional". UGT y CCOO aseguran que tendrá una fórmula "bien distinta de la que tenía el derogado factor de sostenibilidad".
Al final, todo apunta a que será el mismo perro con distinto collar: los nuevos jubilados (esto no afecta a los que ya estén cobrando una pensión) verán un recorte en la prestación que esperaban. ¿"Equidad"? ¿"Sostenibilidad"? Los nombres cambian, pero el fondo del asunto es el mismo.
- Y con esto, ¿ya está todo? No.
El propio Gobierno reconoce que es sólo el primer paso. Los temas más polémicos no se tocan en esta minireforma. Hablamos de edad de jubilación, condiciones de acceso al sistema (años de cálculo de la base, años para cobrar el 100% de la pensión), ese "Factor de Equidad" del que hablamos en el anterior epígrafe, cuota de los autónomos, destope de las bases de cotización, nuevos impuestos o cambios en las cotizaciones... En teoría, también ahí habrá que meter mano, pero el acuerdo con los sindicatos será mucho más complicado en estos temas y Podemos estará muy atento para hacer oposición desde el Gobierno (como con el recibo de la luz o el SMI). José Luis Escrivá ya sabe que tiene un otoño muy movido por delante.