Las plataformas digitales de reparto ya están tratando de ajustar su estructura de personal a las obligaciones que establece la llamada Ley 'rider' que entró este jueves en vigor.
La nueva norma, impulsada desde los sindicatos de izquierdas CCOO y UGT y una asociación de repartidores (llamados riders), obliga a todas las empresas que ofrecen un servicio de reparto, a contratar a los repartidores como asalariados. Más concretamente lo que establece la norma es que el trabajo que hagan los repartidores que trabajen como autónomos no pueden tener características de "laboralidad", es decir, estar sujetos a horarios, número de pedidos mínimos, etc. Y que en el caso de que los tengan, tendrán que pasar a ser personal de plantilla con contrato.
Teniendo en cuenta que se estima que en España las plataformas de reparto a domicilio ofrecen empleo a unos 30.000 repartidores, que actualmente operaban como autónomos. Lo que pretende la norma es que las plataformas conviertan todos esos puestos de trabajo en asalariados, con la excusa de la precariedad.
Como es tradición en España, este proyecto legislativo se ha negociado con sindicatos de izquierda y patronal, pero poco o nada se ha tenido en cuenta la opinión de los propios afectados. Frente a la asociación de repartidores cercana a CCOO y UGT, encantada con la medida, otras tres asociaciones están radicalmente en contra, ya que con la nueva norma se modifica sustancialmente su forma de trabajar. Una forma de trabajar que permitía a los repartidores organizarse el tiempo a placer, decidir qué día o a qué horas quería trabajar y, además, con buenos resultados anuales. Algunos sirven repartos como complemento económico mientras estudian la carrera, otros lo tienen como una vía de ingresos adicional y otros incluso como trabajo principal después de haberse quedado en paro. Para todos ellos, la flexibilidad que ofrece y la posibilidad de obtener un buen dinero, además de la posibilidad de conectarse o desconectarse a placer de la plataforma eran incentivos más que atractivos para este puesto de trabajo.
En conversación con fuentes de las propias plataformas de reparto, así como con varios de estos repartidores, da la sensación de que esta norma ha venido a desbaratar un sistema que funcionaba muy bien y que, para aquellos que solicitaban una situación laboral más estable mediante un contrato, se podría haber arbitrado otra solución que no terminara por perjudicar a todo el conjunto.
En declaraciones a esRadio uno de estos repartidores trasladaba la diferencia entre seguir operando como hasta ahora o tener que adaptarse a un contrato de asalariado con una plataforma. Lo primero, que le ata a una sola, cuando suele trabajar para varias. En segundo lugar que tiene que ceñirse a horarios establecidos y objetivos de pedidos. Y todo, por mucho menos dinero del que percibe ahora. "Están ofreciendo un contrato de 1000 euros brutos y tienes que hacer 500 pedidos mensuales. Eso, en condiciones normales estamos hablando de por lo menos 2.000 euros si siguieras siendo autónomos", cuenta este repartidor que lleva dos años haciendo este trabajo.
Presunción de laboralidad
La Ley, que se publicó el pasado 12 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estableciéndose su entrada en vigor a los tres meses, es decir, el 12 de agosto, considera que los repartidores de estas plataformas son falsos autónomos porque les atribuye presunción de laboralidad, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Asimismo, la norma contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
Aluvión de críticas
La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a las principales plataformas de 'food delivery' en España, Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, advirtió en su día de que esta ley pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español. Los repartidores con los que hemos hablado en Libertad Digital y en esRadio coinciden y advierten de que se pueden perder numerosos puestos de trabajo, así como la alternativa laboral que tenían muchos repartidores.
Otras fuentes consultadas recuerdan que este tipo de trabajos no sólo no son nuevos (siempre ha habido repartidores de comida a domicilio), sino que generalmente no son trabajos con vocación de estabilidad o estructurales para sostener una economía familiar. Más bien son empleos que sirven para complementar nóminas pequeñas, actividades que sirven de comodín ante un eventual despido, o "quién sabe, una forma de hacer deporte con la bicicleta y que te paguen por ello", comentaba algún otro repartidor.
A ninguno de los 30.000 riders que operan en España se les ha obligado a aceptar ese trabajo. Al contrario, ha demostrado ser una alternativa laboral comoplementaria o principal para el que lo quiera que pone de acuerdo los intereses de la compañía con los del trabajador. Pero esto es algo que parece no haber querido ver la nueva ley.
¿Qué han hecho las compañías?
Deliveroo ya ha anunciado que deja España. El resto de plataformas están tratando de adaptarse. Alguna de ellas con muchas dificultades, ya que están presentes en cientos de ciudades y son miles los repartidores con los que cuenta.
Glovo, por su parte, ha anunciado que desde ahora y hasta fin de año hará contrato a 2.000 repartidores y ha elaborado una APP de uso para los repartidores que elimine todas las "notas" de laboralidad que aprecian los tribunales para poder permitir al resto de repartidores que sigan trabajando mientras cumplen las normas. Un tipo de autónomo especial del que los sindicatos han advertido ya que estarán vigilantes.
Just Eat ya negocia con UGT y CCOO las bases del primer convenio colectivo del sector en España que buscará, dicen, ayudar a organizar las reclamaciones laborales de la economía de plataformas en el reparto de comidas a domicilio, y estará totalmente alineado con la Ley 'Rider'.
Uber Eats ha optado por trabajar con empresas de flotas y subcontrata a los repartidores, que se rigen por las normas de esas contratas. Así, este jueves todos los repartidores que no pertenecían a estas flotas y trabajaban libremente con ellos dejaron de trabajar. Sólo siguieron como hasta ahora los que pertenecían a las flotas.
"Como compañía estamos comprometidos con seguir siendo un socio a largo plazo en el sector del delivery en España y estamos trabajando contrarreloj para adaptarnos a la nueva normativa", indica la empresa en el mensaje.
Stuart ha reivindicado un modelo de negocio flexible basado en repartidores independientes, con motivo de la entrada en vigor de la 'ley Rider'. A pesar de que la empresa considera esta alternativa como la más beneficiosa para todas las partes, ha señalado que mantiene un "gran compromiso" con el mercado español y ha manifestado su deseo de cumplir con los requisitos de la nueva legislación.
Seguir como autónomos
Incluso la Asociación Unificada de Riders (AUR), cercana a los intereses de la Ley reconoce que "en el sector la mayoría quiere seguir como autónomo" y lamenta que la consecuencia de la aprobación de la Ley es cómo se prescinde de muchos de estos autónomos: "Se nos hecha con una mano delante y otra detrás. Es injusto" decía su portavoz Fernando Roan, quien lamentaba que este fuera el resultado para unos trabajadores que han sido fundamentales durante la pandemia y en momentos críticos como los días que duraron las consecuencias de la tormenta Filomena.
Consecuencias de la nueva norma
No deja de ser llamativo que ante la reivindicación de una minoría de Repartidores muy vinculados a los sindicatos de izquierdas CCOO y UGT, el Gobierno haya hecho bandera de la supuesta lucha contra la hipotética "precariedad" que sufre este colectivo. Hipotética porque, si la gran mayoría de los repartidores prefieren continuar con el modelo de autónomo como hasta ahora, ¿es porque les gusta que les maltraten y les condenen a la precariedad?
La nueva norma ha introducido, en definitiva, incertidumbre para miles de repartidores, peores condiciones laborales para los contratados, la salida de España de una de las plataformas y unas aplicaciones menos eficientes en el macheo entre oferta y demanda de servicios, que servía para que los repartidores pudieran orientarse mejor sobre las horas a las que trabajar.
Fuentes del sector se lamentan de que esta ley se ha convertido en una "oportunidad perdida", ya que en lugar de mejorar el marco laboral para potenciar las ventajas que ofrece este modelo basado en los servicios de plataformas digitales, la Ley termina con estas mismas ventajas.
Estas fuentes señalan los modelos de otros países, como Francia, que ha optado por modelos algo más garantistas en derechos laborales pero manteniendo la flexibilidad que ofrece el modelo actual, han sabido adaptarse a las nuevas tendencias en este tipo de modelos de negocios.