La vertiginosa subida del precio de la luz presiona al Gobierno. Este miércoles algún medio de comunicación anunciaba que Moncloa estaba tratando de que fuera la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del Gobierno quien dese explicaciones y que no fuera el presidente del Gobierno quien tuviera que quemarse con este asunto.
Lo primero que ha dicho este jueves en la SER la vicepresidenta Ribera es que el Gobierno ya introdujo cambios para favorecer a los más vulnerables. Fue el anuncio del cambio en la tarificación estableciendo tres tramos: punta, valle y llano, haciendo que, en función de la hora a la que se produjera el consumo, se facturaría más o menos a los clientes acogidos a la tarifa regulada.
Posteriorimente, y después de los primeros máximos históricos de la luz, decidieron rebajar el IVA que grava la luz, del 21 al 10 %, hasta finales de año, para consumidores con potencias contratadas inferiores a los 10 kilovatios y eliminar temporalmente el impuesto a la generación eléctrica (que en realidad se ha traspasado a las eléctricas).
Para contrarrestar a largo plazo estos altos precios, que se prevé que se mantengan en el tiempo, ha puesto en marcha iniciativas legislativas para "sacar" del recibo de la luz las primas a las renovables, que ahora se pagan en el recibo de la luz y que pasarán a soportar las energéticas, petroleras y gasistas incluidas; y para minorar los beneficios de hidráulicas, nucleares y eólicas anteriores a 2003.
Pero el sistema de formación de precios en España es marginalista y como tal, cuando hay picos de demanda y una de las energías que tiene que vender sus kilowatios para casar la demanda de energía con la oferta, está presionada por unos costes crecientes, se producen las subidas del precio de la tarifa. Es el caso del gas natural. En cualquier caso, como el funcionamiento del mercado energético, la formación de precios y la estructura de costes asociados al sistema es un galimatías de muy difícil comprensión, es un asunto que está muy expuesto a la demagogia. Dicho esto, analizamos algunas de las propuestas que han hecho los partidos políticos para frenar la subida de la factura de la luz.
El PP aboga por sacar del recibo los costes no energéticos
Por su parte, el grupo parlamentario popular aboga por suprimir para siempre el impuesto a la generación y traspasar a los Presupuestos Generales del Estado algunos de los costes regulados de la factura de la luz ajenos a la generación o la distribución de electricidad, como por ejemplo el déficit de tarifa o los costes extrapeninsulares.
Además, insta al Gobierno a simplificar la factura de la luz y a poner en marcha una campaña informativa para que el ciudadano sepa cómo manejar el nuevo sistema de tarificación por tramos horarios, en vigor desde el 1 de junio.
Es decir...
Este último punto se antoja no sólo útil, sino necesario. Actualmente el desconocimiento de los consumidores sobre su tarifa es abrumador. Sin embargo, la supresión de los costes no energéticos, no por deseable tiene por qué resultar útil. El problema básico es que los impuestos que acompañan la factura de la luz, tanto los evidentes (indirectos, iva, etc.) como los disfrazados (para las energáis renovables, para pagar el déficit de tarifa, costes regulados, etc.) y que significan el 70% de la factura, hay que pagarlos. Es decir que, si como propone el PP se pasan a Presupuestos Generales del Estado, estaríamos transfiriendo unos 14.000 millones de euros a los PGE, lo que implicaría muy probablemente subidas de impuestos.
Vox pide abandonar compromisos climáticos insostenibles
Vox considera que habría que abandonar "compromisos climáticos insostenibles" y apostar por el desarrollo de fuentes de energía que permitan hacer frente a las necesidades de los españoles y reduzcan la dependencia del exterior, que en momentos de alta demanda elevan los precios de la energía.
En su opinión, los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han desmantelado y dejado en manos extranjeras la industria energética española y, como consecuencia, "importamos energía sucia de Marruecos, pero cerramos nuestras centrales" (en referencia a las plantas de carbón).
Vox apuesta por un mix energético equilibrado, entre renovables y otras tecnologías, como la nuclear e hidráulica, para garantizar un suministro "sostenible", al tiempo que propone eliminar o bajar impuestos y suprimir los costes regulados, que califica de "gasto político".
Es decir...
Si el mix energético español fuera más equilibrado y pudiera satisfacer con energía de base la mayor parte de la demanda, los precios serían, probablemente más bajos y, sobre todo, en momentos de picos de demanda no estaríamos tan expuestos a externalidades como la del precio del gas o los derechos de emisión del CO2.
Sin embargo, la propuesta de Vox no evita que tengamos que seguir pagando los despilfarros del pasado. Y supondría la construcción de nuevas centrales, con lo que el efecto de su propuesta no se vería hasta dentro de unos años. En cualquier caso, es lo que grandes expertos del sector vienen reclamando desde hace años. Un mix energético con un peso mayor de la nuclear y donde las energías marginales puedan ser las renovables. Esto reduciría la huella de carbono, y permitiría tener una energía más barata.
ERC pide acabar con el oligopolio eléctrico
ERC considera que para rebajar los precios habría que aumentar la competencia en el mercado eléctrico español, evitando la concentración en unos pocos grupos empresariales y separando las actividades (como producción, distribución y comercialización) de las grandes compañías.
Entre las recetas de ERC figura también un mayor control a los beneficios de las eléctricas, modificar el sistema marginalista de fijación de precios mayorista o establecer una tasa al CO2 "intensa, progresiva y fiscalmente neutra" para promover las inversiones en descarbonización.
Es decir...
Vamos, que por un lado quieren limitar los beneficios de las eléctricas pero por otro que haya mayor competencia. Se antoja poco probable que crezca el interés por establecer nuevos negocios o para que lleguen nuevas energéticas a nuestro mercado con un mayor intervencionismo, y más si sólo por entrar ya sabes que tienes limitado el beneficio. Además, el problema es más tecnológico que de competencia. Al final el sistema marginalista fija el precio en función del coste que para cada sistema de generación tiene producir energía eléctrica, no porque compitan las empresas entre ellas.
Además pide una tasa al CO2. Desconocemos si ERC sabe que ya se paga por contaminar. Y ese dinero va a las distintas administraciones. Son los derechos de emisión de CO2, y el precio ha pasado de menos de 20 euro por tonelada a acercarse a los 60 este verano. Todo para desincentivar la producción eléctrica mediante combustibles fósiles. ¿Propone ERC otro impuesto más? ¿Así cree que pagaremos menos por la factura de la luz?
CS pide eliminar la doble imposición y la rebaja del IVA
Cs aboga por acabar con la doble imposición en el recibo de la luz sacando el impuesto de la electricidad de la base imponible del IVA, y que este tributo sea del 10 % para todos los consumidores, como mínimo mientras dure la excepcionalidad derivada de la pandemia.
Además, la formación naranja insta a que el Gobierno impulse, junto a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la reforma del recibo de la luz en relación con conceptos como las primas a las renovables, la compensación de los costes extrapeninsulares o la amortización de la deuda por déficit tarifario. El objetivo es que los consumidores no tengan que suportar costes que no están asociados a la generación y la distribución de la electricidad.
Es decir...
Una propuesta muy similar a la del PP. El problema de esta propuesta es explicar cómo se desligan esos gastos de la factura de la luz y quién terminaría pagándolo. Lo más probable es que se sufragaran vía impuestos.
Unidas Podemos pide la creación de una empresa pública de energía
Unidas Podemos, actual socio de Gobierno, pide la creación de una empresa pública de energía mediante, por ejemplo, la recuperación de los saltos hidroeléctricos cuya concesión ya haya expirado, ya que, en su opinión, es la única manera de competir con el oligopolio eléctrico.
La rebaja temporal del IVA y la supresión también temporal del impuesto a la generación no son suficientes y por ello el grupo parlamentario de Unidas Podemos está trabajando ya en una ley que impulse esa empresa.
Es decir...
La propuesta de podemos es la que la ministra Ribera ha abrazado y a la que ha abierto la puerta, la creación de una empresa pública de energía que gestione los saltos hidroeléctricos. Expertos en energía consultados por LD y fuentes del sector insisten en que si ya existiera hoy esa empresa pública y gestionara los saltos hidroeléctricos "y se rigiera por las leyes del mercado", no habría evitado que la luz continuara marcando máximos históricos consecutivos.