El endeudamiento público ha crecido con gran fuerza en España durante los doce últimos años, elevando su peso desde niveles inferiores al 40% a cotas que rebasan el 120% del PIB. Nuestro país presenta, además, el mayor déficit estructural de toda la Unión Europea y, si nos fijamos específicamente en la caja de la Seguridad Social, encontramos que ningún otro miembro de la OCDE sufre un descuadre tan importante como nosotros.
Una y otra vez, el gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en abordar este problema mediante todo tipo de subidas de impuestos. Los resultados de esta apuesta ya se han hecho notar y, en la primera mitad de 2021, la recaudación tributaria rozó los 90.500 millones, por encima de los 85.500 millones que se registraron en el primer semestre de 2019. De modo que los ingresos ya están por encima de los niveles previos a la pandemia, a pesar de que la economía está operando claramente por debajo de las cifras de producción observadas hace dos años y de que el mercado de trabajo tiene hoy muchos menos ocupados efectivos.
Pero, incluso con el fuerte aumento que se observa en la recaudación, el déficit esperado para 2021 sigue siendo uno de los más altos de Europa, situándose cerca del 8% del PIB. Incluso dentro de un año, en 2022, se espera que el descuadre entre ingresos y gastos siga rondando el 6% del PIB. De modo que, aún con un aumento sin precedentes en la recaudación, el problema del déficit sigue ahí y la fuente del problema resulta cada vez más evidente: un gasto a todas luces excesivo.
Así las cosas, ¿qué margen de ajuste tienen las Administraciones Públicas españolas? ¿Es posible seguir manteniendo los servicios básicos y las prestaciones de referencia, pero con un desembolso menor que se acople a los recursos obtenidos vía impuestos? Para responder a estas preguntas, vale la pena repasar el informe especial que dedicó el Instituto de Estudios Económicos a esta cuestión hace ahora un par de años.
Según explica el IEE, España ocupa el puesto 26 en el ranking de eficiencia en el gasto de la OCDE. Siendo 100 el valor medio asignado a los 36 países desarrollados analizados, el resultado cosechado por la Vieja Piel de Toro es de apenas 87,4 puntos. Por tanto, estamos 12,6 puntos por debajo del promedio y 57,2 puntos por detrás de Suiza, el país líder en este indicador.
Así las cosas, todo esto se traduce en que los niveles de gasto de nuestras Administraciones podrían reducirse en unos 58.000 millones de euros a través de una ronda de reformas que eliminase duplicidades, apostase por la gestión privada de servicios públicos y prescindiese de programas de gasto de escasa o nula eficacia.