El nuevo sistema de actualización de las pensiones con el IPC de la reforma de Escrivá pondrá fin en 2022 a la paguilla de los jubilados, como así se conoce al importe abonado a año vencido —normalmente en febrero en base a los datos de noviembre— a todos los pensionistas en el supuesto de que se produzca una desviación en la previsión del IPC con el objetivo de compensar la revalorización concretada a comienzos del año.
Según informa El Economista, la paguilla de 2022 será la última abonada. Así, la revalorización anual de las pensiones dejará de hacerse desde entonces en función de la previsión del IPC para ese mismo año, sino que pasará a definirse en base al IPC medio del año anterior, siendo innecesaria el abono compensatorio por el alza de los precios.
Como contraparte, podrá producirse una ganancia o una pérdida de poder adquisitivo en determinados momentos debido al desajuste entre la actualización efectuada a comienzos de año y la evolución del IPC, corregido en la actualización del siguiente año.
Aumento de la partida de las pensiones
Con el sistema actual aún en vigor y la asimetría entre la previsión de la inflación para el año, del 0,9%, en la subida de comienzos de año y las estimaciones más actualizadas de organismo nacionales e internacionales, en torno al 2,5%, la Seguridad Social deberá hacer frente en febrero de 2022 a la compensación de esa diferencia de 1,6 puntos. De confirmarse las estimaciones, dicha compensación implicará un gasto adicional de 2.000 millones de euros.
En 2020, sin embargo, la caída de los precios, del 1%, como consecuencia de la caída también sufrida en la actividad se tradujo en un aumento del poder adquisitivo de los pensionistas del 1,9% debido a la actualización del 0,9% realizada para el ejercicio. En estas circunstancias, no se realizó ninguna compensación ya que, en todo caso, debería haberse reducido las pagas para los pensionistas dada esta desviación ventajosa, supuesto que no se contempla.
Pese a todo, el Gobierno pretende aumentar aún más la partida de 165.000 millones de euros para pensiones, en torno al 10% del PIB, en el próximo ejercicio.