Aunque los impuestos son un obstáculo cada vez más grande para la creación de riqueza, la preocupación de los empresarios españoles no atiende solamente al efecto que tienen los tributos sobre su capacidad para invertir, crecer, contratar y crear riqueza, sino que cada vez está más vinculada al "impuesto en la sombra" que suponen la burocracia y la sobrerregulación.
El ejemplo más reciente de los continuos palos en las ruedas que impone el gobierno al sector privado lo tenemos en los nuevos modelos de cuentas anuales que acaba de publicar el gobierno de Pedro Sánchez y que han entrado en vigor de forma casi automática, sin periodo de gracia para la adaptación y en el peor momento posible. Y es que todas aquellas empresas que no hayan depositado sus cuentas anuales tienen solamente cuatro días para adaptarlas al nuevo esquema.
A priori, parece lógico que se revisen periódicamente los requisitos de información mercantil. El problema es que, al publicarse los nuevos modelos con semejante tardanza, apenas hay tiempo para realizar los ajustes pertinentes. El Consejo General de Economistas, por ejemplo, denuncia que estamos ante "un nuevo obstáculo y una presión más para el mundo empresarial".
El artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital exige que las empresas y entidades sujetas a dicha norma depositen sus estados financieros anuales en el Registro Mercantil un mes después de que las cuentas anuales sean aprobadas. La inmensa mayoría de compañías acometen estos trámites entre junio y julio, una vez ha terminado la campaña del Impuesto de Sociedades.
Pues bien, en un 2021 marcado por la incertidumbre y la crisis económico-sanitaria del coronavirus, el gobierno ha decidido modificar los modelos que deben presentarse, incluyendo nuevos requisitos de información. Y lo ha hecho a finales de julio, dejando un plazo de apenas cuatro días para que las empresas se adapten a este nuevo requisito burocrático.
Así, desde el Consejo General de Economistas no solo consideran que el retraso en la publicación de estos nuevos modelos es un golpe más, sino que subrayan que llega "en un momento muy duro" que aconsejaría evitar "las complicaciones administrativas y los costes de cumplimiento que esto va a suponer, especialmente para las pymes".