El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, continúa su campaña contra la Comunidad de Madrid. Tras afirmar que las rebajas tributarias aprobadas en la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso constituyen un ejemplo de dumping fiscal, el barón socialista ha propuesto la creación de un impuesto específico que se aplicaría solamente a Madrid, para "compensar" un supuesto "efecto capitalidad" que ya ha quedado sobradamente desmontado.
En cualquier caso, es precisamente la insistencia de Puig en obtener más ingresos a costa de meterle la mano en el bolsillo a los madrileños lo que ha hecho que la conversación empiece a girar hacia otro tema: el tipo de gastos que el presidente valenciano pretende financiar con el dinero que quiere recibir de Madrid.
De entrada, hay que recordar que, lejos de ser una región bien gestionada, la Comunidad Valenciana presenta una deuda del 49,4% del PIB, que no solo se sitúa muy lejos del 16,5% que se anota Madrid sino que, además, es la más elevada de todo el mapa autonómico. De hecho, desde que Puig tomó el mando se ha producido un aumento de la deuda valenciana de 9.000 millones, pasando de 42.000 a 51.000 millones.
Un ejemplo especialmente sangrante del despilfarro y la ineficacia del gobierno socialista valenciano lo tuvimos el pasado año, en plena pandemia del covid-19, con el triste episodio del hospital de campaña que levantó Ximo Puig en Valencia para lidiar con la segunda ola de contagios. La estructura diseñada fue tan precaria (apenas consistía en una amalgama de barracas y toldos) que terminó volando por los aires en cuanto llegaron los vientos del invierno, forzando la evacuación urgente de los enfermos. El coste de dicha infamia se dirime en los tribunales, puesto que se estima que el desembolso final asumido por la Generalidad fue cuatro veces mayor de lo anunciado.
La vergüenza de Alzira
Pero lo sucedido con el hospital de campaña es solo un ejemplo de muchos. De hecho, en términos económicos, pocos episodios dicen tanto de la nefasta gestión de Puig como la reversión del "Modelo Alzira", es decir, la decisión de acabar con la concesión que habilitaba la gestión privada del hospital público de La Ribera.
¿En qué se ha traducido esta decisión? Los informes de evolución del gasto y del coste de la sanidad que elabora el propio gobierno autonómico nos permiten comparar claramente la situación del hospital antes y después de la decisión de Puig:
- En 2017, último año completo gestionado por la empresa concesionaria del centro, el desembolso total en gastos de personal fue de 113,3 millones, frente a los 172,5 millones que se registraron en 2019, bajo mando del gobierno socialista, lo que supone un encarecimiento de 59,2 millones o, lo que es lo mismo, un 53% de sobrecoste.
- Si centramos el tiro en el absentismo del personal, vemos que este indicador ascendía a 1.304 días perdidos cada mes durante la época de manejo del sector privado, pero los últimos datos anteriores a la pandemia mostraban que este indicador se había disparado un 63,9%, hasta los 3.893 días perdidos cada mes.
- Los gastos en material sanitario y de farmacia también han aumentado con fuerza. En 2017 ascendieron a 18,2 y 24,9 millones de euros, frente a los 24,1 y 36,1 millones de 2019. Por tanto, el desembolso acumulado en ambas partidas creció 17 millones, un 39,4% más.
Pero, ¿acaso esta ingente inyección de gasto público ha tenido efecto alguno en la calidad de la asistencia? ¿Multiplicar la plantilla, permitir un mayor absentismo y disparar el gasto en material sanitario y de farmacia supone una mejor atención a los enfermos? En realidad, si comparamos los datos de enero de 2018 con los del mismo mes de 2020 vemos que las listas de espera han subido de 57 a 78 días, que se ha triplicado el número de pacientes que espera más de 90 días para ser atendido en una consulta de especialista o una operación, etc.
De modo que el "Modelo Puig" se basa en disparar la plantilla de empleados públicos, inflar el gasto presupuestario y ofrecer una atención cada vez más mediocre. Con el agravante de que el gobierno socialista valenciano pretende ahora que dicho fiasco sea financiado con el dinero de los contribuyentes madrileños, que de hecho ya aportan siete de cada diez euros de la "hucha común" que financia los servicios básicos de las comunidades autónomas. Dumping socialista en toda regla.