Está demostrado que el español es un pueblo predispuesto a la tortura, que se materializa mediante las políticas públicas emanadas de un Gobierno sin escrúpulos, ajeno a la realidad de la vida económica.
Aún así, es un pueblo que no pierde su capacidad para razonar y valorar lo que le viene de más arriba, de ahí su sabiduría. Por eso se pregunta con frecuencia: quiénes trabajan hoy en España. Pregunta que permanece sin respuesta desde hace mucho tiempo.
Las estadísticas y sus divulgadores suelen poner en alerta a la población con datos sobre el número de parados, cuasiparados –adscritos a ERTE– y los incursos en expedientes de regulación de empleo –ERE, que bien se hubieran podido renominar expedientes de regulación de paro–. Todos ellos viviendo situaciones dramáticas de precariedad –que no es precariedad por la contratación laboral–, sintiéndose cada día más incapaces de mejorar sus condiciones de vida ante la falta de acceso a un trabajo digno. Una dignidad propia de todo trabajo humano por el hecho de ser humano.
Al tiempo que crece esa bolsa de desempleados, la población española se ve sorprendida cuando repara en cómo se incrementa también la bolsa de los servidores públicos –lo de servidores quizá sea un eufemismo o, simplemente, la traducción literal de la terminología británica, public servants–. Ahí se incluyen tanto los funcionarios como los empleados públicos.
Desde que Sánchez es presidente del Gobierno, el incremento de este grupo ha sido superior a los 200.000 empleados. Eso se veía venir, pues el primer gesto del nuevo presidente del Gobierno fue incrementar los ministerios y vicepresidencias desde los 14 del último Gobierno de Rajoy a los 21 de su primer gobierno, o 22 del segundo, recientemente proclamado. ¿Ha aumentado el bienestar de los españoles al aumentar la estructura administrativa del Estado?
Ello, agravado porque el primer Gobierno Sánchez se designa cuando España está viviendo una gran crisis económica, en la que seguimos, sin horizontes claros de salida. ¿Cómo, en momentos de crisis, puede incrementarse la estructura de la Administración? La respuesta es clara: cumplir con los compromisos personales.
La historia no termina aquí. Tras el cambio reciente de Gobierno, la que ya fuera ministra de Hacienda –señora Montero– asume también las funciones que desempeñaba Iceta –cuya obra buena sigue siendo desconocida–, famoso por haber inventado el funcionariado light –funcionarios con pruebas de acceso aligeradas–, un insulto para los funcionarios todos.
Mensajes que hubiera preferido no haber visto ni oído nunca. Y esto en un sector –funcionarios/empleados públicos– donde los salarios deben satisfacerse mediante impuestos a la economía productiva; mientras aguante.
¡Ay, si François Quesnay (1694-1774), y su Tableau Oeconomique, se hiciera presente! No podría creer que un plan económico del Gobierno pudiera incrementar, más todavía, el empleo público, al que el autor, en su clasificación del trabajo, identifica como clase disponible, frente a la clase productiva, que es el empleo en actividades extractivas –agricultura, pesca, ganadería, minería…–.