El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que irá dirigido al Vehículo Eléctrico y Conectado, "un proyecto basado en la colaboración público-privada y centrado en el fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria de automoción español, un sector estratégico para España" asegura el Ejecutivo.
El objetivo de una subvención que alcanzará la friolera de 4.300 millones de euros de dinero público es "crear en España el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el Hub Europeo de electromovilidad". El desarrollo de este proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, que incluye una inversión privada de 19.700 millones de euros.
Según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, "para el Gobierno de España, el sector de automoción es prioritario y va a ser protagonista del Plan de Recuperación ya que contamos con las capacidades industriales y el liderazgo de las empresas para invertir en la movilidad del futuro, una movilidad que será más sostenible, digital, conectada y segura". A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que, el Gobierno está en plena guerra al coche de combustión, al que le subirá impuestos mientras favorece a los conductores que pueden permitirse comprar un coche eléctrico, que no son, precisamente, los más pobres ni los más desfavorecidos.
Tanto es así, que como ya publicó Libre Mercado, la patronal de concesionarios ha denunciado recientemente el plan de movilidad del Gobierno para "ricos".
España es el segundo fabricante europeo de vehículos y el noveno a nivel mundial. Representa el 11% de la cifra de negocios del total industrial. La automoción supone el cuarto sector exportador y representa el 15% del total de las exportaciones españolas.
Según los cálculos del Gobierno, la creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo y la contribución al PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%. Otros impactos esperados serían alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados.
El PERTE se compondrá de dos ámbitos de actuación complementaria:
- 1."Medidas transformadoras de impulso de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, enfocadas a los segmentos centrales de la cadena de valor industrial que garanticen la fabricación de estos vehículos".
- 2."Medidas facilitadoras, que coadyuven tanto a la creación de una nueva movilidad como al desarrollo del vehículo eléctrico".
La estructura del PERTE cuenta con bloques obligatorios como la fabricación de equipos originales y ensamblaje, la fabricación de baterías y equipos de hidrógeno, y la fabricación de otros componentes del vehículo eléctrico. Además, habrá otras actuaciones específicas que incluyan conectividad, microprocesadores, componentes del vehículo eléctrico inteligente, y fabricación de sistemas de recarga. También hay procesos transversales relacionados con la economía circular, la digitalización y la formación de trabajadores.
Para el desarrollo del PERTE y su actuación integral sobre toda la cadena de valor se debe constituir una agrupación de empresas con al menos, cinco empresas, que afecte al menos a dos comunidades autónomas, que el 40% de las empresas sean pymes, que haya una entidad proveedora de conocimiento (I+D+i) y las empresas acrediten inversión propia y compromiso con el empleo.