Con la publicación de los datos de deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) por parte del Banco de España, observamos un ligero descenso de 3.431 millones entre marzo y abril. Sin embargo, esa disminución se deberá, por lo general, al momento de diferencia que pueda existir entre la deuda que se amortiza y refinancia y una menor emisión de deuda nueva en ese momento, que se ajustará al final del ejercicio. Es decir, la tendencia, que es lo esencial -tanto en los meses que sube como en los que baja el dato absoluto del mes- sigue siendo alcista y, por ello, preocupante.
La deuda se mantiene en los niveles cercanos a los 1,4 billones de euros, que supone el 114,9% del PIB español sobre la estimación de crecimiento de PIB nominal del Gobierno (un 7,8% en 2021) a partir del dato de cierre de 2020, publicado por el INE. Aunque es obvio que en cuanto se inicie la recuperación el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitigará el cociente, como vemos al utilizar el dato de previsión del año (1,209 billones de euros), si empleamos la suma de PIB nominal de los últimos cuatro trimestres (II, II y IV de 2020 y I de 2021), ese PIB nominal se sitúa en 1,112 billones de euros, que nos llevaría a una deuda del 125,24%.
Si tomamos la deuda de final de 2020 (1,345 billones) y le sumamos el 8,4% del PIB que prevé como déficit el cuadro macroeconómico del Gobierno (equivalente a 101.563,59 millones de deuda más sobre el PIB nominal estimado por el Gobierno para 2021 en la actualización del programa de estabilidad de abril de este año), la previsión de deuda absoluta para el cierre de 2021 es de 1,447 billones de euros, equivalente a un 119,69% del PIB.
Lo decimos mes tras mes: parece haberse instalado en España la sensación de que el gasto no es un problema, sino que éste se soluciona con impuestos y si la recaudación de éstos no basta, se cubre con deuda. Los gestores políticos no se paran a pensar que la subida de impuestos genera distorsiones en la economía -y, además, cuando los suben lo hacen en los impuestos directos, que son los que más perjudican a la actividad económica y al empleo-. Tampoco quieren caer en la cuenta de que el endeudamiento tiene un límite, que estamos sobrepasando ya de manera muy importante, por mucho paraguas que tengamos de la eurozona. Nada los frena, pues sólo quieren prometer, en todos los ámbitos, más y más medidas que no nos podemos permitir por la sencilla razón de que el gasto que suponen no lo podemos pagar. Es repetitivo sobre lo afirmado cada mes, pero es necesario hacerlo, porque el Gobierno parece no querer darse cuenta o piensa que todo lo resolverá la UE.
Esa tendencia, que tiene su base en esa presión del gasto que es cada vez mayor en España, sitúa a la economía española en una posición compleja, pese a haberse aprobado el plan de recuperación para que los fondos reembolsables procedentes de Bruselas comiencen a llegar. Ahora bien si los fondos tardan en recibirse en toda su cuantía -y ya ha habido una merma en lo que será el primer desembolso- y las iniciativas comienzan a ejecutarse con déficit y deuda, corremos el riesgo de que se aproveche para, después, no amortizar esa deuda provisional y ejecutar gastos adicionales.
Como ya hemos dicho en anteriores artículos, tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es muy notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China, y porque ahora ha abandonado por completo a la economía a su suerte. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.
Como hemos venido recordando mes tras mes, con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.
La pequeña reducción del cociente de deuda sobre el PIB que se había producido hasta entonces, saltó por los aires. Con una deuda cercana al 100% del PIB pero que había logrado ir descendiendo gracias al impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de expandir el gasto de manera temeraria.
Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019 y que ahora se eleva al 119,69% de previsión de cierre de 2021, según los datos de deuda del Banco de España y la previsión de crecimiento del PIB nominal del ministerio de Economía plasmada en escenario macroeconómico.
Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Pedro Sánchez la deuda se ha incrementado en 231.965 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de treinta y cinco meses de mandato el incremento supera ya los 230.000 millones de euros.
Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los casi tres años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 4.889 euros, casi seis veces el incremento del primer año.
O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras casi tres años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 217,81 millones de euros cada día.
De esa manera, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable del PIB. Todo ello, hará que la deuda española se sitúe este año entre el 115% y el 120% del PIB, dependiendo de cuál sea la intensidad final del movimiento de PIB y del déficit en 2021.
Urge un ajuste importante que sitúe a nuestra economía en el nivel de gasto que se puede permitir. Nada es gratis y todo se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes, pero esos recursos son finitos y los ciudadanos están ya extenuados, en medio de una grave crisis económica, que reduce aún más su poder adquisitivo. Es imprescindible acometer reformas que nos permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía y que éste sea sostenible, no sostenido artificialmente. O se logra hacer eso o el drama será mucho peor cuando se vea que no se puede afrontar tanto gasto, porque entonces el recorte habrá de ser mucho más intenso. No nos cansaremos de repetirlo mes tras mes, aunque con ningún éxito, como los datos muestran un mes más.
El dato del mes puede haber anotado un descenso, pero mientras exista déficit, se incrementará la deuda. Por tanto, es el gasto y, con ello el déficit lo que hay que atajar para solucionar el problema. Una vez pasado el esfuerzo de gasto de la pandemia, no puede quedarse el incremento de éste como algo estructural, sino que en el medio y largo plazo, como dicen todas las instituciones nacionales e internacionales, desde el Banco de España hasta la Comisión Europea, pasando por la AIReF o el BBVA, hay que volver a equilibrar las cuentas. Si no se hace, en lugar de reformas terminará habiendo recortes, lo cual es mucho más duro.