La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado jueves, 1 de junio, un paquete de medidas que tiene como propósito reducir los trámites y la burocracia en la capital española, además de impulsar la digitalización y racionalización administrativa. De esta forma, se cumple uno de los compromisos anunciados por José Luis Martínez Almeida a comienzos de la legislatura, cuando el nuevo alcalde del PP selló un acuerdo de gobierno con Ciudadanos en el que se contemplaba esta agenda de desregulación.
"Queremos que la relación con los ciudadanos sea cada vez más fácil, sencilla y directa, que se nos perciba como un Ayuntamiento proactivo, dispuesto a mejorar los cauces de relación con los vecinos de Madrid, tanto en el ámbito de los procedimientos, como en el de las normas administrativas", declaró Inmaculada Sanz, portavoz del consistorio, tras la aprobación de estas medidas.
En total, los acuerdos firmados en la Junta de Gobierno tendrán como resultado la eliminación de 90 acuerdos de gobierno que se consideran obsoletos. Además, permitirán la baja de hasta 23 ordenanzas que han caído en desuso. De esta forma, la corporación pretende "favorecer la seguridad jurídica, la transparencia y la credibilidad institucional".
A lo largo del periodo 2019-2021, el gobierno que encabeza Almeida ha revisado un total de 648 disposiciones administrativas y ha tratado de identificar aquellos acuerdos, decretos o resoluciones que ya no resultan de aplicación. El 14% de las regulaciones analizadas han quedado sin efecto de forma tácita, de modo que el siguiente paso era el de "limpiar" el acervo legislativo municipal, procediendo a su eliminación.
Por otro lado, se han puesto en marcha distintas medidas de "racionalización y simplificación de procedimientos" que buscan digitalizar y acelerar los procedimientos más utilizados por los ciudadanos. Para lograr este objetivo, la corporación invertirá 1,5 millones de euros. A cambio, se espera un ahorro de costes de 2,7 millones anuales, en lo referido al gasto municipal, además de 62,8 millones de alivio anual para empresas y familias, que se beneficiarán de una reducción media de los tiempos de tramitación que asciende a 39 días por procedimiento.